Las celebraciones del oficialismo por la aprobación de la Ley de Integridad Pública, junto con la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Inteligencia, han quedado atrás. En menos de un mes, estas normativas acumulan diez demandas de inconstitucionalidad. De ellas, cinco se centran en la Ley de Integridad Pública, por errores tanto de forma como de contenido. Es por estas razones que varias leyes del Gobierno están bajo escrutinio judicial.
Reformas sin relación clara
El proyecto de la Ley de Integridad Pública comenzó como una reforma a la contratación pública. Sin embargo, el bloque Acción Democrática Nacional (ADN) modificó su enfoque. El resultado final cambió más de veinte leyes sobre distintos temas que no están conectados entre sí. Esta falta de coherencia es uno de los puntos principales en las demandas, afectando directamente las leyes del Gobierno.
Malestar entre empleados públicos
La entrada en vigencia de la Ley de Integridad Pública, sin observaciones del presidente Daniel Noboa, generó un fuerte rechazo entre trabajadores estatales. Médicos, docentes, sindicatos y empleados de gobiernos locales han anunciado protestas, lo cual incrementa el descontento hacia leyes del Gobierno.
Cambios penales y financieros
Además de afectar al sector público, la Ley de Integridad Pública trajo reformas penales. Una de ellas permite juzgar a menores de edad como si fueran adultos. También establece que algunas cooperativas deberán convertirse en bancos. La Junta de Regulación Financiera tiene tres meses para decidir qué entidades deben transformarse. Por esta razón, Asofipse presentó una demanda ante la Corte Constitucional en respuesta a ciertas leyes del Gobierno.
Otras leyes también generan rechazo
La Ley de Solidaridad Nacional, que define acciones en caso de conflicto armado interno, suma cuatro demandas. La Ley de Inteligencia, aunque fue la primera en aplicarse, enfrenta cuestionamientos por artículos que podrían afectar derechos civiles y por permitir opacidad en gastos reservados. Los sindicatos nacionales ya han presentado su demanda, preocupados por ciertas leyes del Gobierno que generan controversia.
Por ahora, el futuro de estas leyes dependerá del tribunal de admisiones, que ya ha empezado a revisar los primeros casos relacionados con leyes del Gobierno.
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Fuente:
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