- El Pleno aprobó con 85 votos el informe sobre la llamada «sala espejo» de Segura EP.
- El caso se remite a la Fiscalía por posibles responsabilidades penales.
- La sala operaba en el tercer piso del Palacio Municipal de Guayaquil, en la Dirección de Aseo Cantonal.
- La solicitud para instalar ese monitoreo paralelo data del 20 de noviembre de 2024.
La Asamblea Nacional aprobó este 15 de septiembre de 2026, con 85 votos a favor durante la sesión plenaria número 123, el informe de fiscalización sobre la empresa pública Segura EP y decidió remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado para que determine posibles responsabilidades penales. El informe, elaborado por la Comisión de Seguridad Integral, documenta la existencia de una llamada «sala espejo»: un centro de monitoreo instalado sin autorización que replicaba imágenes de cámaras de seguridad de Guayaquil.
Una sala de vigilancia paralela en el Palacio Municipal
Según el informe, esa sala funcionaba en el tercer piso del Palacio Municipal de Guayaquil, dentro de las oficinas de la Dirección de Aseo Cantonal, un espacio que en teoría no tenía ninguna relación con la operación de cámaras de seguridad ciudadana. La solicitud para instalar el monitoreo paralelo data del 20 de noviembre de 2024, de acuerdo con la documentación revisada por los asambleístas, lo que sitúa el origen del caso mucho antes de que se hiciera público.
Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, resumió ante el Pleno que «son hechos puntuales de este proceso de fiscalización que nos llevan a un solo resultado: salas clandestinas», en alusión a la instalación no autorizada por el ECU911 ni por los organismos de control correspondientes. Entre los mencionados en el informe figuran Álex Anchundia, actual gerente general de Segura EP, y Fernando Cornejo, quien presidió la empresa en el periodo en que se habría ordenado el montaje de la sala.
Audios y voces cruzadas durante el debate
El debate en el Pleno estuvo marcado por el cruce de posiciones entre distintas bancadas. El asambleísta Juan Andrés González, de la Revolución Ciudadana, reconoció ser parte de unos audios difundidos durante la investigación al afirmar sin rodeos: «Por supuesto que es mi voz», en referencia a grabaciones que la Comisión utilizó como parte de las pruebas recopiladas. Por su parte, los asambleístas Alfredo Serrano, del PSC, y Sergio Peña, de ADN, plantearon posiciones distintas sobre el alcance de las responsabilidades políticas que debía asumir la actual administración municipal frente a lo ocurrido en años anteriores.
El caso se suma a una serie de investigaciones recientes de la Asamblea sobre presunto uso irregular de recursos públicos, en la misma línea de procesos como el que ya indaga el reparto de liquidaciones ligado a la Vicepresidencia o el expediente que llevó a que Estados Unidos imputara cinco cargos a Daniel Salcedo. En todos estos casos, la Asamblea ha optado por remitir la documentación a instancias judiciales o a organismos internacionales una vez agotada la etapa de fiscalización política.
Con el informe ya aprobado, corresponde ahora a la Fiscalía General del Estado abrir o ampliar una investigación formal sobre la instalación de la sala espejo, determinar si existieron intercepciones no autorizadas y establecer qué funcionarios, en ejercicio de su cargo, autorizaron o conocieron del montaje sin reportarlo a los organismos de control pertinentes.
La Comisión de Seguridad Integral adelantó que continuará recibiendo documentación adicional sobre el caso, incluida la trazabilidad de los contratos que habrían financiado el equipamiento de la sala paralela. Concejales de Guayaquil, por separado, ya pidieron a la actual administración municipal transparentar el estado actual de esas instalaciones y confirmar si el espacio sigue en funcionamiento o fue desmantelado tras conocerse la investigación.
