La Asamblea Nacional no logró ratificar las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, luego de una votación en el Pleno que evidenció una profunda división política. La iniciativa fue impulsada por la bancada de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, fue rechazada con 72 votos en contra y 62 a favor. Esta diferencia impidió alcanzar la mayoría necesaria para aprobar el proyecto.
La normativa había sido objetada previamente por el presidente Daniel Noboa. Él señaló que varios artículos vulneraban principios constitucionales, entre ellos la libertad de decisión de los legisladores y la independencia de funciones dentro del Parlamento. Estas observaciones influyeron en el debate final. Además, marcaron la postura de varios bloques legislativos.
Objeciones del Ejecutivo influyeron en la votación
El Ejecutivo remitió sus objeciones a finales de 2024. Argumentó que la reforma planteaba mecanismos que podían limitar el criterio individual de los asambleístas. Según el análisis presidencial, obligar a los legisladores a alinearse de forma estricta con las decisiones de su bancada contradecía el rol representativo. Cada asambleísta ejerce ese rol frente a sus electores.
Durante la sesión plenaria, varios legisladores coincidieron en que la reforma abría la puerta a sanciones. Según ellos, estas podían ser utilizadas como herramientas de presión política interna. Así, se afectaba el debate democrático dentro de la Asamblea Nacional.
Transfuguismo político, el punto más polémico en la Asamblea Nacional
El eje central de la controversia fue la propuesta de sancionar el transfuguismo político, conocido popularmente como camisetazos. La reforma planteaba que los asambleístas que se apartaran de las decisiones de su bancada pudieran ser sancionados por cometer una falta muy grave.
Para la mayoría del Pleno, esta disposición vulneraba derechos fundamentales como la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la independencia legislativa. Legisladores de distintas bancadas señalaron que el voto no puede ser impuesto ni condicionado por estructuras partidarias. Cada asambleísta responde de manera individual ante la ciudadanía.
Críticas desde la bancada oficialista
Desde la bancada oficialista ADN se advirtió que la reforma podía convertirse en un mecanismo de persecución política contra legisladores que mantuvieran posturas críticas o disidentes. Según este bloque, la norma no fortalecía la institucionalidad. Por el contrario, limitaba el ejercicio del control político y la fiscalización.
Los legisladores oficialistas insistieron en que la diversidad de criterios es parte esencial del funcionamiento democrático del Legislativo. Además, afirmaron que sancionar la discrepancia debilita el debate parlamentario.
Rechazo a la Comisión Multipartidista
Otro de los puntos cuestionados fue la creación de una Comisión Multipartidista de carácter temporal. Esta podía activarse mediante la recolección de firmas y asumir atribuciones similares a las del Comité de Ética. Para varios asambleístas, esta comisión duplicaba funciones ya existentes. Por ello, generaba un riesgo de instrumentalización política.
El rechazo a este organismo se sumó a las críticas generales a la reforma, consolidando una mayoría contraria al proyecto.
Con la votación final, la Asamblea Nacional dejó sin efecto las reformas propuestas. Así, mantuvo vigente la normativa actual que regula el funcionamiento de la Función Legislativa.
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