El Concejo de Quito rechazó la resolución de la Asamblea Nacional que busca fiscalizar al alcalde Pabel Muñoz y a las empresas municipales por la compra de 60 trolebuses eléctricos. Según el Concejo, la medida vulnera la autonomía constitucional del gobierno municipal.
La decisión del Legislativo generó una reacción inmediata del cabildo capitalino. El cabildo sostiene que dicha fiscalización excede las competencias de la Asamblea Nacional. Además, considera que constituye una injerencia en asuntos propios de los gobiernos autónomos descentralizados.
Resolución aprobada por la Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional aprobó un proceso integral de fiscalización sobre los procedimientos de contratación. Dicho proceso incluye la gestión administrativa relacionados con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el sistema de transporte público de Quito.
El documento legislativo ordena que la resolución sea remitida al Concejo de Quito, al alcalde capitalino y a la Contraloría General del Estado. Además, argumenta que se trata de una atribución de control político prevista en la Constitución.
Respuesta del Concejo Metropolitano
En sesión del Concejo Metropolitano, la mayoría de concejales aprobó una resolución de rechazo con 16 votos a favor y seis ausencias. En el pronunciamiento se señala que la fiscalización anunciada por la Asamblea constituye una extralimitación de funciones.
El Concejo de Quito sostiene que la Constitución reconoce a los gobiernos autónomos descentralizados como entidades con autonomía política, administrativa y financiera. Por ello, afirma que no forman parte del poder central ni están sujetos al control político del Legislativo.
Sustento constitucional del Municipio
Según el Concejo, los artículos 238 y 240 de la Constitución establecen claramente la autonomía de los GAD. Además, el artículo 120 numeral 9 limita la facultad de fiscalización de la Asamblea únicamente a las funciones del Estado y a los órganos del poder público.
Bajo este marco jurídico, ni el alcalde de Quito ni las empresas públicas metropolitanas pueden ser objeto de control político por parte de la Asamblea Nacional.
Competencias de la Contraloría General del Estado
El Concejo de Quito también recordó que el control sobre la legalidad y el uso de recursos públicos en procesos de contratación corresponde de manera exclusiva a la Contraloría General del Estado. La Contraloría actúa como órgano técnico de control externo.
Desde el Municipio se enfatiza que este tipo de control no puede ser reemplazado por procesos de fiscalización política. De lo contrario, ello alteraría el equilibrio de competencias establecido en la Constitución.
Acciones ante la Corte Constitucional
Como parte de la resolución adoptada, el Concejo Metropolitano dispuso que la Procuraduría Metropolitana solicite a la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre la legalidad de la resolución aprobada por la Asamblea Nacional.
El objetivo es establecer un precedente que delimite las competencias de fiscalización. También busca evitar futuras intervenciones del Legislativo en la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados.
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