- El Ministerio Público rastreó transferencias millonarias desde una empresa marítima ligada al alcalde de Guayaquil.
- Los fondos habrían sufragado hospedajes, transporte aéreo y vehículos para dirigentes de la Revolución Ciudadana.
- El expediente penal procesa a la excandidata presidencial por presunto delito de lavado de activos de origen ilícito.
- La defensa técnica de los involucrados sostiene que los aportes contaron con justificación contable privada.
Nuevos y reveladores elementos probatorios surgieron este 29 de octubre dentro del denominado Caso Laberinto, la investigación penal por presunto lavado de activos que lidera el Ministerio Público en contra de la excandidata presidencial Luisa González. Según el dictamen fiscal presentado ante los jueces de la Unidad Anticorrupción, una compañía naviera vinculada al entorno patrimonial y societario del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, habría funcionado como un mecanismo financiero no declarado para sufragar cuantiosos gastos proselitistas y bienes suntuarios.
Transferencias y financiamiento electoral en el Caso Laberinto
Las pericias contables y financieras elaboradas por peritos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) establecieron que la empresa naviera movilizó más de 1,8 millones de dólares en cuentas bancarias intermedias durante la campaña electoral anticipada de 2023. De acuerdo con los extractos presentados por la Fiscalía General del Estado, estos recursos no fueron registrados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y se canalizaron al pago de vuelos privados, logística territorial, hospedajes en hoteles de lujo y material propagandístico para la comitiva de la aspirante correísta.
El informe detalla además la adquisición directa de vehículos de alta gama a nombre de la empresa marítima, los cuales fueron posteriormente entregados para el uso particular de figuras políticas clave, entre ellos el concejal y dirigente partidista Raúl Chávez, así como de una exreina de belleza de Guayaquil relacionada con el círculo cercano del burgomaestre. Los fiscales señalan que estas operaciones carecían de sustento comercial legítimo con el giro naviero de la firma, configurando la presunta tipología de ocultamiento y simulación de activos.
Defensa de los procesados y argumentación jurídica
Frente a las revelaciones judiciales, los abogados defensores de Luisa González y de Aquiles Alvarez desestimaron los cargos, argumentando que se trata de una persecución con motivaciones electorales orquestada para debilitar a la principal fuerza de oposición política en el país. Los defensores sostienen que los contratos de transporte marítimo y los ingresos de la naviera corresponden a actividades comerciales privadas plenamente declaradas ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), descartando cualquier vínculo con fondos de procedencia ilícita.
La lucha anticorrupción y el combate frontal a las redes de lavado de activos mantienen la atención del Estado en múltiples causas penales complejas, donde los operativos conjuntos aseguran que los involucrados comparezcan ante la justicia, en consonancia con los hechos donde el Ministro John Reimberg destaca extradición de Daniel Salcedo y alias Churrón demostrando la articulación institucional contra el crimen organizado.
Fiscalización electoral y controles de la UAFE
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral inició una revisión extraordinaria sobre los libros de ingresos y egresos de la alianza política de la Revolución Ciudadana, tras recibir la alerta del Ministerio Público sobre la posible vulneración de los topes de gasto electoral y el empleo de personas jurídicas como donantes encubiertos, práctica expresamente prohibida por el Código de la Democracia.
Analistas forenses señalan que el Caso Laberinto marca un precedente significativo en la indagación de tramas de financiamiento político a través de empresas privadas operativas, obligando a las autoridades de control tributario y bancario a extremar la vigilancia sobre contratos de fletamento marítimo y empresas de servicios logísticos.
Próximas audiencias y medidas cautelares
En las próximas semanas, la judicatura convocará a la audiencia preparatoria de juicio en la que el juez anticorrupción evaluará la validez procesal de las pruebas presentadas y resolverá si llama a juicio plenario a los procesados por el delito de lavado de activos, sancionado con penas de entre diez y trece años de privación de libertad en la legislación penal ecuatoriana.
El avance del expediente mantendrá en vilo el panorama político nacional, en momentos en que las organizaciones políticas definen sus cuadros electorales de cara a las elecciones generales de 2025, evidenciando el cruce decisivo entre las causas judiciales y el tablero político institucional del Ecuador.
Diligencias procesales y etapa preparatoria de juicio
El equipo de fiscales especializados continuará recepcionando versiones testimoniales de directivos bancarios y auditores contables para consolidar el cuadro de imputaciones fiscales antes de la clausura de la instrucción penal. El avance en las investigaciones del Caso Laberinto reafirma la trascendencia de los controles sobre el financiamiento partidista, asegurando que la ciudadanía ecuatoriana cuente con información transparente y verificada sobre el origen de los recursos en los procesos electorales democráticos.
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