En una sesión reciente, la Asamblea Nacional rechazó el pedido de la jueza Mercedes Caicedo, de la Corte Nacional de Justicia, para autorizar el enjuiciamiento penal contra la legisladora Mónica Palacios, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), por el presunto delito de calumnia. Este proceso fue promovido por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, quien considera que Palacios realizó comentarios calumniosos en su contra el 22 de junio de 2024 en el cantón Chone, provincia de Manabí.
Votación en la Asamblea Nacional sobre el caso de Mónica Palacios
La votación en la Asamblea Nacional mostró una fuerte oposición al pedido de enjuiciamiento penal contra Mónica Palacios. En total, 86 asambleístas votaron en contra de la moción, mientras que solo 26 apoyaron la autorización para proceder con el juicio. Además, se registraron diez abstenciones. Entre las bancadas que votaron en contra del enjuiciamiento penal se encuentran RC, el Partido Social Cristiano (PSC), el bloque de Construye, y miembros de Pachakutik e independientes. Esta negativa representa una defensa por parte de la Asamblea Nacional hacia uno de sus miembros, en un caso que ha sido calificado como “controversial” debido a su trasfondo político.
Contexto y argumentos del caso de calumnia contra Mónica Palacios
La jueza Mercedes Caicedo, de la Corte Nacional de Justicia, solicitó formalmente el 6 de octubre de 2024 que se autorice el enjuiciamiento penal en contra de Mónica Palacios. Este pedido se da en respuesta a una querella presentada por el presidente Daniel Noboa, quien alega que Palacios cometió calumnias durante una intervención pública en Manabí, mientras cumplía un período de suspensión de 60 días dictado por el Consejo de Administración Legislativa. Según Noboa, este hecho implica que Palacios no estaba en el ejercicio de sus funciones legislativas en el momento de emitir las declaraciones, argumento que sustenta su solicitud de enjuiciamiento penal.
División de opiniones y reacciones al fallo de la Asamblea Nacional
La decisión de la Asamblea Nacional de no autorizar el enjuiciamiento penal contra Mónica Palacios ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial. Mientras algunos sectores consideran que la Asamblea ha actuado en defensa de la inmunidad parlamentaria, otros argumentan que este rechazo podría interpretarse como un impedimento para la administración de justicia en casos que involucran presuntos actos de calumnia. Por otro lado, la bancada de Revolución Ciudadana y sus aliados argumentan que el pedido de Noboa carece de fundamento legal, dado que Palacios no se encontraba en sus funciones legislativas al momento de los hechos.
El debate sobre la inmunidad parlamentaria y sus implicaciones
El caso de Mónica Palacios plantea un debate importante sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria en Ecuador. Los legisladores que votaron en contra del enjuiciamiento penal argumentan que el proceso podría establecer un precedente negativo al vulnerar el principio de inmunidad de los asambleístas. Sin embargo, los críticos sostienen que el rechazo del juicio podría interpretarse como un acto de impunidad ante declaraciones calumniosas que afectan la imagen pública del presidente de la República.
En resumen, el rechazo de la Asamblea Nacional al pedido de la jueza Mercedes Caicedo para autorizar el juicio contra Mónica Palacios mantiene en suspenso la posibilidad de un proceso penal por calumnia. A medida que se desenvuelven las reacciones a esta decisión, el debate sobre la inmunidad parlamentaria y su impacto en la justicia y el ejercicio democrático sigue abierto en Ecuador.
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