El año rural se ha convertido en una experiencia traumática
El año rural, un requisito legal para que profesionales de la salud ejerzan en Ecuador, está marcado por el miedo. Médicos, odontólogos, obstetras y enfermeros recién graduados deben trasladarse a zonas alejadas para trabajar por doce meses. Esta etapa, pensada como un tiempo de aprendizaje y servicio, se ha convertido en una experiencia que muchos prefieren evitar.
La violencia que enfrentan incluye extorsiones, amenazas de muerte y agresiones físicas. Roberta Cedeño, presidenta de la Asociación de Médicos Rurales, afirma que nadie iría a esas zonas si no fuera obligatorio. Y a pesar de memorandos emitidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP), muchos no reciben respuestas oportunas ante situaciones de riesgo.
Testimonios que revelan un peligro
Los testimonios de quienes ya cumplieron parte del año rural son alarmantes. Ernesto, originario de Cuenca, fue amenazado por criminales que conocían sus movimientos y le exigieron pagos semanales. Solo con ayuda legal logró cambiar de ubicación. Otro caso es el de una profesional en Babahoyo, quien recibió amenazas que involucraban a su hija.
Además de estas experiencias individuales, se suman los casos en que los profesionales deben visitar hogares lejanos a pie, exponiéndose aún más. La inseguridad en provincias como Los Ríos y Esmeraldas ha provocado que algunos abandonen sus plazas, lo cual implica sanciones legales que afectan su futuro profesional.
Inseguridad frena el cumplimiento del año rural
El año rural debería ser una oportunidad para servir y aprender, pero se ha convertido en un riesgo. Muchos optan por postergar este proceso, salir del país o aceptar la penalidad por no cumplirlo. Aunque existen protocolos para solicitar cambio de plaza, las demoras y la falta de respaldo de las autoridades hacen que los jóvenes profesionales se sientan desprotegidos.
El médico y exministro Camilo Salinas reconoce la gravedad del problema. Señala que los profesionales rurales son la base del sistema de salud primario. Sin embargo, sin seguridad no pueden cumplir su misión.
El rol del Estado en proteger a los profesionales
Cumplir con el año rural no debería costar la vida. El Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad de brindar garantías mínimas de seguridad a quienes lo cumplen. La emisión de normas sin ejecución práctica, como la que obliga a denunciar ante la Fiscalía y esperar hasta 48 horas por respuesta, solo evidencia la brecha entre lo legal y lo real.
Casos como el de Steven Aguirre, asesinado mientras iba a su trabajo, demuestran que no hay tiempo que perder. El riesgo es inminente y los responsables deben actuar con urgencia.
Replantear el año rural desde una perspectiva segura
El año rural existe desde 1970 y ha sido útil para llevar salud a comunidades alejadas. Pero los tiempos han cambiado. Ahora se requiere una reestructuración de fondo, no solo en logística, sino en garantizar condiciones humanas y profesionales para quienes se sacrifican por vocación.
La solución no puede ser abandonar este programa, pero sí transformarlo en uno que no implique poner en riesgo la vida de los jóvenes profesionales. La salud pública no puede sostenerse sobre el miedo.
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