El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha generado una fuerte controversia. Esto sucedió tras participar en un acto público en la ciudad de Medellín junto a varios jefes de bandas criminales. Algunos fueron condenados por homicidios. Fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí hasta la emblemática plaza de La Alpujarra. En el evento, los mencionados capos fueron presentados como voceros. Esto fue en el marco de un proceso de cese de violencia impulsado por el Gobierno nacional.
La reunión no pasó desapercibida. Diversos sectores políticos y sociales criticaron fuertemente la participación de estos individuos. Cuestionaron la legalidad y el marco ético del acto. Especialmente porque aún no existe una base jurídica que contemple mecanismos de reparación para las víctimas de estas organizaciones criminales.
Petro: «Los presos son personas en rehabilitación»
Durante un consejo de ministros televisado el 24 de junio, el presidente Petro defendió con vehemencia su decisión. Afirmó que los participantes del evento ya no estaban fuera de la ley, ya que se encontraban cumpliendo penas. Por ende, estaban en proceso de rehabilitación.
“Los presos son personas en rehabilitación. ¡Personas! Ninguno puede perder esa característica de ser un individuo de la humanidad que tiene derechos. El de un preso es a ser rehabilitado por el Estado, pero aquí lo volvemos más criminal de cómo entra», enfatizó el mandatario.
Petro también recalcó que el acto fue una muestra pública y transparente. Era un intento de reconciliación, en contraste con los acuerdos clandestinos del pasado que, según él, se hacían “debajo de la mesa”.
Un pacto de paz en los barrios
Para el jefe de Estado, lo sucedido en Medellín es parte de un esfuerzo más amplio. Busca establecer pactos de paz en territorios históricamente afectados por la violencia. Según explicó, el evento tuvo como objetivo promover un cese de hostilidades en los barrios. La participación directa fue de quienes antes lideraban estructuras delictivas.
Además, destacó que, gracias a estos procesos, Medellín ha experimentado una reducción significativa de la violencia. “En esa ciudad hay una tasa de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. En la época del narcoterrorismo de Pablo Escobar superaba los 400 asesinatos”, dijo Petro, subrayando los avances logrados.
Denuncias de contubernios políticos con el crimen
Uno de los puntos más polémicos de su intervención fue la denuncia de alianzas pasadas entre políticos y bandas criminales. Petro afirmó que antes de los actuales procesos, la reducción de la violencia se logró gracias a pactos con fines electorales.
“La gobernabilidad era una estrategia por medio de la cual las bandas y sus jefes en las calles negociaban votos con los políticos. Los políticos les decían baje la tasa de homicidios y sigan. Entonces Medellín se volvió una ciudad bajo la extorsión”, denunció.
El presidente sugirió que la oposición a estos encuentros obedece al temor de que los jefes criminales revelen nombres. Estos nombres serían de funcionarios que antes negociaron con ellos.
Expansión del proceso a otras ciudades
Petro manifestó su intención de extender estos procesos de pacificación a otras ciudades como Buenaventura, Quibdó y Barranquilla. Sin embargo, reconoció que, sin un marco legal adecuado, dichos intentos están “haciendo agua”.
“Claro, atacan los procesos por eso, porque las bandas saben la verdad: quiénes hablaron y negociaron con ellos. En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas, al contrario fue con los delincuentes que hablaron alcaldes y otros. Ojo con eso, la prensa lo borra», sostuvo el presidente.
Críticas desde la Defensoría del Pueblo
La defensora del Pueblo, Iris Marín, también expresó su inconformidad con el evento. Señaló que era inadmisible que personas que han cometido delitos graves tuvieran voz. Esto sucedía en un espacio público sin que existiera un proceso formal de rendición de cuentas y reparación.
No obstante, Petro respondió que precisamente el hecho de que estos individuos se presentaran públicamente era significativo. Esto para la comunidad a la que han afectado era, en sí mismo, un acto de reparación simbólica.
El presidente Gustavo Petro ha optado por una vía polémica y arriesgada en su estrategia de pacificación. Al incluir a jefes criminales como interlocutores públicos en procesos de reconciliación, abre un debate profundo. Este debate es sobre los límites de la rehabilitación, la justicia transicional y la necesidad de un marco jurídico. Se busca garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas. Mientras tanto, la sociedad colombiana continúa dividida entre la esperanza de una paz territorial duradera y el temor a la impunidad.
Fuente: Infobae
Te puede interesar:
Petroecuador desvincula a 70 funcionarios con sueldos excesivos
