En medio del caos geopolítico y la agitación comercial con China, un hecho clave ha pasado sorprendentemente desapercibido. La administración Trump ha firmado su primera ley cripto, una decisión que representa un giro legislativo sustancial respecto a la postura de la administración anterior. Este nuevo marco normativo revoca por completo una controvertida disposición fiscal establecida durante el mandato de Joe Biden.

Derogación de una regulación fiscal restrictiva
En 2023, el gobierno de Biden impulsó una legislación que buscaba fortalecer el control del IRS sobre las plataformas DeFi. Esta normativa exigía a proveedores de servicios descentralizados, como billeteras digitales y protocolos DeFi, presentar informes detallados sobre transacciones y datos de usuarios. El objetivo era tratar a estas plataformas como entidades financieras tradicionales, con obligaciones fiscales equiparables a las de los bancos o los corredores bursátiles.
Sin embargo, con la promulgación de su primera ley cripto, Trump desmantela esta estructura, calificándola como un obstáculo burocrático para la innovación. La nueva ley elimina la exigencia de que las plataformas descentralizadas actúen como intermediarios fiscales ante el IRS.
Una normativa menos intrusiva
La revocación de la llamada «Regla DeFi Broker» no implica que los usuarios estén exentos de declarar sus ganancias. Lo que cambia es que ya no serán las plataformas quienes deban recolectar y reportar esta información. Esta modificación en la fiscalidad cripto ha sido recibida con entusiasmo moderado por el ecosistema digital, reflejándose en un ligero repunte del valor de Bitcoin y otras criptomonedas.
La estrategia futura: stablecoins y hegemonía monetaria
Tras esta primera ley cripto, la administración Trump avanza hacia una nueva meta: consolidar la hegemonía del dólar mediante el uso estratégico de las stablecoins. Durante la reciente criptocumbre en la Casa Blanca, el secretario del Tesoro, Scot Bessent, afirmó que el fortalecimiento del dólar requerirá su integración con el ecosistema digital, especialmente a través de monedas estables.
El anuncio de esta primera ley cripto marca un precedente regulatorio con implicaciones significativas. Aunque no elimina completamente la supervisión fiscal, reduce considerablemente el nivel de intervención estatal sobre las plataformas descentralizadas. Este nuevo enfoque podría redefinir la relación entre el Gobierno estadounidense y el universo de los activos digitales, consolidando un camino más favorable hacia la innovación tecnológica y financiera.
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