Orlando Amores Terán /Quito
Si tuviésemos presidente y legisladores preocupados por restaurar la República, no por hacer negocios con los bienes de la Nación, ni por el irresponsable show mediático, ya habrían incorporado nuevas conductas, al tipo penal descrito como traición a la Patria, sancionándolo con 40 años se reclusión e incorporándolo a los delitos imprescriptibles contenidos en el Art. 233 de la Carta Chávez.
Es traición a la Patria:
Acortar el presupuesto destinado a los servicios secretos de inteligencia, contrainteligencia y contrainsurgencia.
Transferir a instituciones dependientes del poder político temporal de turno, los equipos de monitoreo, escucha, identificación de llamadas y otros especiales, destinados a los servicios secretos.
Debilitar los servicios secretos, trasladando su personal, a instituciones dependientes del poder político temporal de turno.
Trasladar los servicios de migración e inteligencia, a instituciones del poder político temporal de turno, extirpándolos de las instituciones de la fuerza pública permanente.
Permitir que el personal militar o policial entrene a grupos civiles no autorizados.
Autorizar el ingreso a las escuelas de oficiales y tropa de FFAA y PPNN, de personas vinculadas a organizaciones delictivas o narcoterroristas.
Propiciar, auspiciar, realizar actos terroristas de vandalismo, saqueo, incendio, destrucción, secuestro de personas, extorsión, asesinato, tráfico de personas, de órganos humanos, armas, divisas, equipos, documentos, o narcóticos.
Impedir a los efectivos de la fuerza pública que mantengan y porten todo el tiempo, sus pistolas de dotación, cargadas.
Incluir en las leyes, reglamentos, usos y costumbres castrenses y policiales toda mención a “derechos humanos», degradando las órdenes, destruyendo el mando, generando insubordinación, afectando a la disciplina, deformando la institución; tornando ineficiente e ineficaz toda acción militar y policial. Toda vez que quien ingresa a una institución castrense o policial suscribe un contrato de adhesión, por el cual se somete a normas, usos, tradiciones y costumbres de tales instituciones.
Sancionar a la persona que mata o hiere en defensa de su integridad personal o de su familia, o de otra persona, o de sus bienes privados y públicos. Hay defensa propia, cuando se actúa ante una agresión actual e ilegítima por parte de un sujeto armado, sin provocación por parte del que se defiende.
Nacionalizar a extranjeros, vulnerando normas de seguridad, en perjuicio de los nacionales, provocando la admisión de personas con antecedentes penales, vinculados a organizaciones delictivas y narcoterroristas internacionales.
Auspiciar la «ciudadanía universal», perjudicando a los nacionales, al admitir personas con antecedentes penales, vinculados a organizaciones delictivas y narcoterroristas internacionales.
Eliminar la capacitación y entrenamiento militar y policial en escuelas e instituciones de países democráticos.
Mantener relaciones diplomáticas con regímenes vinculados al Foro de Sao Paulo o autodenominados socialistas del siglo XXI. Invertir dinero público en países cuyos regímenes están vinculados al Foro de Sao Paulo o al autodenominado socialismo del siglo XXI.
Financiar con dinero público, las carreras políticas de las personas, auspiciando a sus organizaciones.
Gastar el dinero de los impuestos, en propaganda estatal.
Utilizar el sistema educativo público o privado, para adoctrinar a los estudiantes, inculcándoles ideas marxistas o ideologías aberrantes, en lugar de desarrollar la inteligencia en base a ideas de respeto a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la familia y a la Patria.
Proponer la eliminación o modificación de las normas jurídicas que tipifican las conductas descritas como traición a la Patria y las que se incorporen a esta Ley, con posterioridad.
Deróguense todas las normas jurídicas que se contrapongan o no guarden conformidad con la presente legislación que tiene carácter de ley orgánica, por desarrollar normas jurídicas fundamentales para la supervivencia de la República del Ecuador, que fue sometida desde el 2008 hasta la fecha, a una estructura jurídica de narco-Estado, generadora de leyes diseñadas para favorecer el delito, proteger a los criminales, anteponiendo los derechos humanos del hampa y del terrorismo, a los intereses de la sociedad ecuatoriana; propiciado la inseguridad social y jurídica, el fraude electoral, la corrupción generalizada, el abuso de bienes públicos, el despilfarro, la injusticia e impunidad.
Fuente: La nación
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