- El TCE suspende Amigo RC en una decisión que afecta directamente al movimiento que albergó a la Revolución Ciudadana.
- La suspensión del Movimiento Amigo es por un período de nueve meses, con posibilidad de revisión sin exceder los 24 meses.
- La decisión del TCE se produce después de que la Fiscalía presentara una denuncia formal el 16 de julio.
El TCE suspende Amigo RC en una decisión que afecta directamente al movimiento que albergó a la Revolución Ciudadana. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso este 17 de julio de 2026 la suspensión provisional por nueve meses del Movimiento Amigo. La medida se adoptó en el marco del artículo 374 del Código de la Democracia. La denuncia fue presentada por la Fiscalía General del Estado el 16 de julio de 2026. La investigación previa se centra en el presunto delito de lavado de activos. La medida deja al correísmo sin su principal vehículo electoral, después de que la Revolución Ciudadana ya hubiera perdido su casillero electoral anterior en marzo de 2026.
Suspensión provisional y sus implicaciones
La suspensión del Movimiento Amigo es por un período de nueve meses, con posibilidad de revisión sin exceder los 24 meses. La medida podrá levantarse si la Fiscalía retira el pedido o si la investigación concluye. El TCE señala que la solicitud se sustenta en la presunta vinculación de la organización política con el delito investigado. La Fiscalía deberá informar al TCE cada 30 días sobre el estado de la investigación.
Antecedentes de la decisión
La decisión del TCE se produce después de que la Fiscalía presentara una denuncia formal el 16 de julio. En marzo de 2026, la Fiscalía ya había informado al TCE sobre la investigación previa contra la Revolución Ciudadana por el caso «Caja Chica». El Movimiento Amigo se convirtió en el nuevo casillero electoral del correísmo tras esa suspensión.
Conclusión
El TCE suspende Amigo RC es un nuevo golpe para el correísmo. La suspensión provisional por nueve meses deja a la Revolución Ciudadana sin su principal herramienta electoral. La decisión se basa en una investigación fiscal por presunto lavado de activos.
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