La UAFE, Unidad de Análisis Financiero y Económico, se encuentra en el centro del debate público. Esto surge tras las reformas a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos. Desde 2024, esta entidad posee la facultad preventiva de congelar cuentas bancarias ante actividades sospechosas. No obstante, expertos advierten que dicha potestad podría estar siendo utilizada con fines políticos y no exclusivamente técnicos o judiciales. Esto genera inquietudes sobre la independencia institucional y el respeto al debido proceso.
El poder preventivo de la UAFE y sus riesgos
Durante las últimas movilizaciones nacionales, varios ciudadanos y empresas denunciaron que la UAFE congeló sus cuentas sin un procedimiento judicial previo. Este escenario coincide con periodos de alta tensión política, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la legitimidad de la medida.
Para Renato Rivera, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), “la UAFE parecería actuar en función de los intereses políticos del Gobierno, debilitando a sectores de oposición”.
A su vez, Francisco López, constitucionalista y docente universitario, recalca que la designación directa del titular de la UAFE por parte del presidente “genera una dependencia política incompatible con un organismo que debería ser técnico e imparcial”. Según López, esto abre la puerta al uso instrumental del control financiero con objetivos políticos.
Reformas legales y su impacto en la independencia de la UAFE
El debate se intensifica con la reciente Ley de Transparencia Social, que amplía el margen de acción de la UAFE sin una discusión parlamentaria profunda. Rivera advierte que estas normativas “pueden consolidar un modelo de vigilancia financiera desproporcionado, sin contrapesos democráticos suficientes”.
Por su parte, Héctor Vanegas, abogado penalista y catedrático, enfatiza que toda medida de congelamiento debe provenir de una autoridad judicial competente. Esto garantiza el derecho a la defensa y el principio de proporcionalidad. De no hacerlo, la UAFE corre el riesgo de vulnerar derechos fundamentales bajo la apariencia de legalidad.
Procesos judiciales y brecha institucional
Los datos oficiales revelan una disonancia entre las investigaciones de la UAFE y la judicialización efectiva de los casos. En 2024, la entidad remitió un 4 % más de Reportes de Operaciones Inusuales (ROII) a la Fiscalía General del Estado que en 2023. Sin embargo, apenas ocho procesos fueron judicializados ese año.
Vanegas explica que la falta de resultados se debe, en parte, a la escasez de unidades especializadas en delitos financieros. Actualmente solo existen cinco, todas ubicadas en Quito, mientras que los focos de riesgo se concentran principalmente en la Costa —Guayas, Manabí y Esmeraldas—.
Esta limitación refuerza la percepción de que la UAFE actúa más como una herramienta política que como un órgano técnico eficaz en la lucha contra el lavado de activos.
Transparencia y rendición de cuentas
Pese a los requerimientos de información realizados por medios de comunicación, la UAFE no ha publicado datos sobre el número total de cuentas congeladas ni los criterios utilizados. El Consejo de la Judicatura, por su parte, aclaró que no posee competencia para verificar dichas acciones, al tratarse de temas jurisdiccionales.
El silencio institucional refuerza la necesidad de mayor transparencia y supervisión parlamentaria. Esto resulta especialmente importante cuando el ejercicio del poder preventivo puede tener consecuencias sociales y económicas profundas.
Conclusión: control financiero vs. garantías democráticas
La UAFE se encuentra en una encrucijada entre su misión de combatir el lavado de activos y las crecientes sospechas de uso político de sus facultades. Expertos coinciden en que el desafío radica en equilibrar la eficacia en la prevención financiera con el respeto irrestricto al Estado de derecho.
La consolidación de un marco institucional independiente y la publicación periódica de informes transparentes serían pasos esenciales. Esto permitiría recuperar la confianza ciudadana y garantizar que el poder preventivo de la UAFE no derive en un instrumento de control político.
Fuente:
Más noticias:
Accidente Cerebrovascular en Ecuador: Tercera Causa de Muerte en el País
