El Tribunal Supremo de Brasil determinó el estado inconstitucional del sistema carcelario del país y dio un plazo de seis meses al Gobierno para elaborar un plan encaminado a mejorar la situación.
Por unanimidad, los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) aceptaron una demanda presentada ante la Justicia en 2015 que denunciaba la inconstitucionalidad del sistema penitenciario de Brasil debido al mal estado de sus cárceles y el hacinamiento.
En su dictamen, la Corte da seis meses también a los estados para elaborar sus propios planes a partir de que se homologue el plan nacional, y un plazo de ejecución para todos ellos de tres años.
La demanda presentada en 2015 describía casos de violaciones de derechos humanos y torturas en varias prisiones, recordó la estatal Agencia Brasil.
Ese año, el STF reconoció por primera vez el estado inconstitucional de las prisiones y los magistrados impusieron medidas cautelares como la celebración de audiencias de custodia en las 24 horas siguientes a las detenciones en flagrante y la liberación de recursos de la Caja Penitenciaria Nacional.
Este miércoles, los jueces confirmaron esas medidas y añadieron otras como la elaboración de planes, los cuales deberán abordar tres ejes principales: la reducción de la superpoblación carcelaria, la mejora en el control de entrada y salida de presos, y la mejora de las plazas ya existentes.
Según datos recientes presentados por el Tribunal Supremo, la tasa media de hacinamiento en las cárceles brasileñas es del 136 por ciento, aunque con graves disparidades regionales y prisiones con tasas de ocupación del 2.681 por ciento.
El hacinamiento también agrava la situación de la población carcelaria, que tiene que vivir en condiciones insalubres y con pocos recursos, explicó la Corte.
Fuente: Xinhua (xinhua-news.com)
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