La Cámara de Minería del Ecuador expresó su respaldo al Gobierno Nacional frente a la decisión de aplicar una nueva tasa de fiscalización minera, como parte de la lucha contra la extracción ilegal de minerales. El gremio recalcó que está completamente a favor de fortalecer las capacidades del Estado para combatir esta actividad ilícita. Esta actividad ha afectado gravemente a comunidades, ecosistemas y la legalidad del sector.

La declaración fue realizada luego del anuncio del 2 de junio de 2025. En este evento, Carolina Jaramillo, vocera presidencial, explicó los lineamientos generales de esta nueva tasa, la cual forma parte de una política de gobernanza de los recursos naturales.
Falta de detalles técnicos genera incertidumbre
Pese al respaldo general a la medida, la Cámara de Minería del Ecuador manifestó su preocupación ante la falta de información técnica precisa sobre la implementación de la tasa. Indicaron que no conocen con exactitud los criterios de aplicación, los porcentajes específicos, ni el mecanismo de cálculo. Por lo tanto, han solicitado espacios de diálogo con el Gobierno para participar activamente en el diseño de la normativa.
Desde el gremio recalcan la necesidad de mantener un enfoque técnico y territorial, con una fiscalización continua como parte de una estrategia integral. Esto permitirá asegurar la sostenibilidad de la industria sin afectar negativamente a los inversionistas actuales y potenciales.
Preocupación por la competitividad regional
Uno de los argumentos centrales de la Cámara de Minería es el riesgo de pérdida de competitividad frente a otros países de la región. “Ecuador ya cuenta con una carga impositiva alta”, señaló el gremio. Además, destacó que cualquier incremento adicional podría tener efectos adversos en la atracción de inversión extranjera directa, un pilar clave para el desarrollo del sector minero legal.
La Cámara insiste en que, sin una correcta evaluación técnica, la tasa podría desincentivar nuevos proyectos y limitar el crecimiento de los ya existentes. Esto afectaría a las comunidades que dependen de la minería formal para generar empleo y desarrollo local.
Criterios diferenciados para el cobro de la tasa
Según lo expuesto por la vocera presidencial, la tasa de fiscalización minera no será uniforme. Su valor dependerá de:
- El régimen legal de cada concesión.
- La fase de explotación (exploración, construcción, producción).
- El número de hectáreas involucradas.
- Si se trata de minerales metálicos o no metálicos.
Esta diferenciación busca un esquema más justo y proporcional. Además, los recursos generados por esta tasa serán destinados específicamente al control y vigilancia de delitos relacionados con la minería ilegal. Esto fortalecerá las instituciones responsables de fiscalizar el territorio nacional.
Gremio propone contribuir técnicamente al debate
Finalmente, la Cámara de Minería expresó su apertura a colaborar de manera constructiva con el Ejecutivo. Solicitan que se los incluya en un proceso de consulta amplio que permita diseñar una política pública. Esta política debe basarse en criterios técnicos, económicos y ambientales, evitando decisiones unilaterales que puedan tener efectos contraproducentes para el país.
El gremio insistió en que, si se establece un marco regulatorio predecible y eficiente, Ecuador podría posicionarse como un destino atractivo para la minería responsable y sostenible.
Fuente: Expreso
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