- Dos familiares fueron declarados culpables de trata de personas con fines de explotación laboral infantil en Latacunga.
- Una niña de seis años y un adolescente de doce eran obligados a realizar extensas jornadas de venta ambulante sin acudir a la escuela.
- El Tribunal de Garantías Penales impuso una pena privativa de libertad de diez años de reclusión mayor.
- La Fiscalía demostró la vulneración sistemática de derechos fundamentales y evasión de escolaridad mediante peritajes socioeconómicos.
Fallo judicial histórico contra la explotación laboral infantil en Cotopaxi
El Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi dictó una sentencia condenatoria de diez años de privación de libertad en contra de dos parientes cercanos, acusados de cometer el delito de trata de personas en la modalidad de explotación laboral infantil en la ciudad de Latacunga. La resolución judicial se sustentó en una rigurosa investigación procesal liderada por la Unidad Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual de la Fiscalía General del Estado, que recabó evidencias contundentes sobre las condiciones degradantes a las que fueron sometidos dos hermanos de seis y doce años.
Durante la audiencia de juzgamiento, el fiscal titular presentó testimonios de vecinos, informes periciales psicológicos y análisis del entorno socioeconómico de las víctimas. Los documentos técnicos confirmaron que los dos menores no asistían a unidades educativas regulares y permanecían expuestos a la intemperie en jornadas que superaban las doce horas diarias para comercializar golosinas y artículos plásticos en terminales terrestres y avenidas céntricas de Latacunga. Esta sentencia se articula con los procesos de control punitivo ante hechos delictivos en el país, como los reportados en el operativo policial tras fugas penitenciarias en la región vecina.
Mecanismos de protección y medidas de reparación integral dictadas
Además de la pena privativa de libertad, los jueces ordenaron una reparación económica integral a favor de los menores, la cual incluye el financiamiento estatal directo para su inserción escolar inmediata y atención médica especializada en el Ministerio de Salud Pública. La Junta Cantonal de Protección de Derechos de Latacunga asumió la custodia temporal de los hermanos, quienes fueron trasladados a una casa de acogida institucional donde reciben apoyo psicosocial continuo para revertir el trauma generado por el maltrato y la privación de derechos fundamentales.
El Código Orgánico Integral Penal tipifica con severidad el aprovechamiento económico de personas vulnerables, estableciendo sanciones agravadas cuando los victimarios mantienen vínculos de parentesco consanguíneo directo con las víctimas. Las autoridades judiciales recalcaron que la explotación laboral infantil vulnera compromisos internacionales suscritos ante la UNICEF sobre la protección irrestricta de la niñez frente a abusos laborales forzados.
Seguimiento institucional y combate a redes de trabajo forzado
La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) reforzó las inspecciones aleatorias en mercados municipales, plazas públicas y cruces semafóricos de la provincia de Cotopaxi para detectar situaciones similares de vulnerabilidad extrema. Los operativos conjuntos buscan prevenir que menores de edad sean instrumentalizados por núcleos familiares o terceras personas para la mendicidad organizada y el comercio informal callejero.
Organizaciones de la sociedad civil saludaron la firmeza del dictamen y enfatizaron la necesidad de intensificar las denuncias comunitarias a través de los canales de emergencia habilitados por el ECU 911. La erradicación de la explotación laboral infantil constituye un reto estructural que demanda tanto medidas penales ejemplares como políticas públicas sostenibles de alivio a la pobreza extrema en los sectores periféricos del país.
La resolución judicial marca un precedente vinculante en la provincia de Cotopaxi, donde las autoridades de control han redoblado los operativos de supervisión en ferias libres cantonales, mercados mayoristas y zonas periféricas para erradicar cualquier manifestación de servidumbre doméstica o mendicidad forzada ejercida contra niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo.
De acuerdo con lineamientos estipulados por el Consejo de la Judicatura en coordinación con la Corte Constitucional del Ecuador, el interés superior del niño prevalece sobre cualquier consideración procesal, garantizando medidas cautelares inmediatas y apoyo pedagógico para nivelar el rezago educativo de las víctimas tras años de desescolarización.
