- Agentes de la Policía Judicial detuvieron a tres requeridos por la justicia en Otavalo y Antonio Ante.
- Los aprehendidos tenían boletas de captura vigentes por presuntos delitos de abuso sexual y violación.
- Los operativos se ejecutaron de manera simultánea tras semanas de seguimientos investigativos.
- Los procesados fueron entregados a las autoridades judiciales competentes para formular cargos.
En el marco de las acciones permanentes para combatir la impunidad y proteger a grupos de atención prioritaria, la Policía Nacional del Ecuador logró la aprehensión de tres ciudadanos investigados por presuntos delitos sexuales en la provincia de Imbabura. Las detenciones se concretaron en operativos simultáneos desplegados en los cantones Otavalo y Antonio Ante tras labores de inteligencia de la Policía Judicial (PJ).
Los aprehendidos fueron identificados como M. T. (38 años), Cristian P. (29 años) y Fabián T. (45 años), contra quienes pesaban órdenes de captura formal emitidas por jueces de garantías penales de la jurisdicción territorial. Las denuncias ciudadanas y los peritajes forenses previos permitieron sustentar las boletas de encarcelamiento dentro de distintas causas penales por agresión sexual y violación.
Operativos de localización e intervención judicial simultánea
El primer procedimiento se registró en la zona urbana de Otavalo, donde agentes encubiertos localizaron a M. T. mientras se movilizaba en las inmediaciones de un centro comercial. De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional del Ecuador, el sujeto intentó evadir la intervención cambiando de rumbo, pero fue interceptado de forma inmediata sin que se produjeran incidentes armados.
De forma paralela, en el cantón Antonio Ante, equipos de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra la Integridad Sexual capturaron a Cristian P. y Fabián T. en dos inmuebles allanados con autorización judicial. Las causas investigadas por la Fiscalía General del Estado reúnen elementos de convicción balísticos, médicos y testimoniales recabados en cámaras Gesell para precautelar a las víctimas.
Los investigadores de la Policía Judicial explicaron que los seguimientos se extendieron durante más de cuatro semanas, cruzando información de bases de datos biométricas, registros de telefonía y denuncias interpuestas en las fiscalías cantonales de Ibarra y Otavalo. La rápida acción policial impidió que los sospechosos abandonaran la provincia hacia zonas de frontera.
Cero tolerancia ante agresiones a sectores vulnerables
El comandante de la Subzona Imbabura enfatizó que la institución no dará tregua a quienes vulneren los derechos de niños, adolescentes y mujeres. Estos operativos forman parte de la estrategia nacional contra el crimen y la violencia interpersonal, que en otras provincias ha permitido desarticular redes violentas, como ocurrió cuando la Policía captura a dos sospechosos de sicariato en unidad judicial de Machala en medio de acciones tácticas de respuesta inmediata.
Los tres aprehendidos fueron sometidos a valoraciones médicas en casas de salud públicas y trasladados de inmediato hasta el Centro de Detención Provisional de Ibarra. En las próximas horas se instalarán las audiencias de formulación de cargos y calificación de flagrancia, en las que el Ministerio Público solicitará medidas cautelares de prisión preventiva para asegurar su comparecencia durante la instrucción fiscal.
De acuerdo con el parte de la Policía Judicial, las capturas de Cristian P. y Fabián T. en el cantón Antonio Ante se ejecutaron tras la activación de alertas tempranas por parte de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) y el Departamento de Violencia Intrafamiliar (Devif). Los peritajes médicos legales y las evaluaciones psicológicas practicadas en los centros de salud confirmaron afectaciones que motivaron el inicio inmediato de las acciones penales.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona los delitos contra la integridad sexual con penas privativas de libertad que oscilan entre 19 y 22 años de reclusión cuando existen agravantes como abuso de confianza o parentesco con las víctimas. Las autoridades judiciales de Imbabura señalaron que las medidas de prisión preventiva resultan indispensables para garantizar la comparecencia de los procesados y brindar protección integral a los núcleos familiares afectados.
Las autoridades policiales exhortaron a la ciudadanía a continuar denunciando casos de violencia física y psicológica a través de la línea gratuita 1800-DELITO y las unidades especializadas Devif, garantizando absoluta reserva y protección a los denunciantes.
