- El Ministerio Publico formulo cargos por un presunto esquema de lavado que supera los USD 3,2 millones.
- La peticion de medida cautelar carcelaria incluye a funcionarios municipales y particulares procesados.
- La defensa tecnica de los implicados rechaza las acusaciones y solicita medidas alternativas.
La Fiscalia General del Estado solicito la orden de prision preventiva para el alcalde del canton Vinces y otras diez personas, en el marco de la audiencia de formulacion de cargos desarrollada tras su detencion en el operativo policial denominado Caso Bajo Presion. La institucion acusa a los procesados de conformar una red estructurada de lavado de activos.
Montos financieros y modalidad delictiva
Segun los informes presentados por los agentes fiscales, las investigaciones patrimoniales y financieras identificaron movimientos atipicos e injustificados por un valor superior a los 3,22 millones de dolares entre los periodos de 2019 y 2026. Los fondos habrian sido canalizados mediante contratos de obras publicas, adquisicion de bienes inmuebles y triangulacion en cuentas mercantiles.
Durante la audiencia preparatoria, el fiscal del caso argumento que la medida de privacion de libertad resulta indispensable para evitar el riesgo procesal de fuga y garantizar la preservacion de la evidencia contable que aun permanece bajo analisis de peritos especializados de la Unidad de Analisis Financiero y Economico (UAFE).
Postura de la defensa y determinacion judicial
Por su parte, los abogados defensores de los acusados sostuvieron que los recursos auditados corresponden a ingresos legitimos derivados de actividades comerciales y de administracion publica formal, por lo que solicitaron la aplicacion de presentaciones periodicas y prohibicion de salida del pais. El juez de la causa suspendio la sesion para emitir su resolucion final motivada.
Diligencias procesales y analisis patrimonial
La Fiscalia sustento su requerimiento carcelario en decenas de peritajes contables, movimientos societarios y analisis de transferencias bancarias internacionales que presuntamente carecen de justificacion tributaria. Segun los investigadores, los fondos cuestionados habrian servido para financiar campanas proselitistas y adquirir bienes raices a traves de testaferros.
Organizaciones de veeduria ciudadana en la provincia de Los Rios manifestaron su expectativa ante la resolucion del juzgado, remarcando que el caso debe sentar un precedente contundente contra el uso indebido de los recursos seccionales y la infiltracion de capitales ilicitos en la administracion municipal.
