- Operativos conjuntos del SENAE y Policía Nacional permitieron incautar más de 16 millones de cigarrillos de contrabando en 2026.
- Nuevos allanamientos viales e inspecciones aduaneras en Pelileo (Tungurahua) y Tulcán (Carchi) frenaron cargamentos no declarados.
- El comercio ilícito de tabaco representa una evasión fiscal millonaria para el fisco y financia redes criminales organizadas.
- La mercadería ingresada ilegalmente carece de registro sanitario y genera severos riesgos tóxicos para la salud de los consumidores.
Las acciones coordinadas de control aduanero y seguridad fronteriza alcanzaron una cifra récord en el país. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) informó este 28 de octubre que las autoridades han incautado más de 16 millones de cigarrillos de contrabando en lo que va del año 2026. Este resultado operativo es producto del despliegue continuo de peritajes viales, inspecciones en pasos no habilitados e investigaciones de inteligencia fiscal ejecutadas a lo largo de las principales rutas de transporte nacional.
Los más recientes operativos tuvieron lugar en el cantón Pelileo, en la provincia de Tungurahua, así como en sectores estratégicos de Tulcán, en la provincia del Carchi. En Pelileo, agentes de la Unidad de Vigilancia Aduanera interceptaron un camión de transporte pesado que circulaba con placas adulteradas, en cuyo interior se descubrieron caletas y compartimentos ocultos que albergaban cientos de cajas con marcas comerciales de cigarrillos que carecían del etiquetado fiscal y la trazabilidad obligatoria exigida por las leyes aduaneras ecuatorianas.
Impacto tributario, comercio ilícito y crimen organizado
El contrabando de tabaco no solo constituye una infracción aduanera grave, sino que se ha transformado en una de las principales fuentes de liquidez y financiamiento para bandas criminales y estructuras delictivas transnacionales. De acuerdo con informes técnicos del SENAE, el ingreso ilegal de estas mercaderías evade el pago del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los aranceles aduaneros, generando un perjuicio económico que supera los USD 25 millones anuales para las arcas del Estado.
De forma complementaria, los agentes de la Policía Nacional del Ecuador señalaron que las redes delictivas adquieren estos cargamentos a bajo costo en mercados asiáticos y centroamericanos para ingresarlos al país a través de trochas y pasos clandestinos en la frontera norte con Colombia. Posteriormente, el producto es distribuido en bodegas clandestinas de la Sierra central y distribuido al menudeo en tiendas barriales y paradas de transporte público.
El desmantelamiento de estas redes financieras delictivas se complementa con investigaciones judiciales de mayor alcance, tal como ocurre en procesos donde la Fiscalía analiza transferencias bancarias en el caso de Santiago Ávalos para identificar las cuentas y testaferros utilizados por tramas criminales para el blanqueo de capitales no justificados.
Rutas clandestinas del contrabando y operativos en frontera
Los análisis de inteligencia aduanera revelan que los contrabandistas utilizan una compleja red de pasos no habilitados a lo largo del cordón fronterizo entre Carchi e Ipiales, aprovechando caminos de herradura y pasos fluviales para evadir los controles fijos del Puente Internacional de Rumichaca. La mercadería suele ser camuflada en camiones que transportan productos agrícolas perecibles como papas, cebollas o frutas tropicales, dificultando su detección visual sin escáneres de rayos X móviles.
Una vez que superan los primeros filtros fronterizos, los cargamentos son acopiados temporalmente en fincas rurales de Imbabura y Pichincha antes de ser enviados hacia los centros de consumo masivo en Quito, Guayaquil, Ambato y Cuenca. Para contrarrestar esta modalidad, el SENAE ha intensificado las inspecciones aleatorias en peajes estratégicos y ha firmado convenios de intercambio de información en tiempo real con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) para rastrear cargamentos en tránsito internacional.
Riesgos sanitarios y destrucción de evidencias
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) advirtió que los cigarrillos decomisados no cumplen con ninguna normativa técnica de fabricación ni advertencias sanitarias gráficas. Al ser elaborados en fábricas clandestinas sin supervisión sanitaria, los análisis de laboratorio han determinado concentraciones excesivas de metales pesados como plomo y cadmio, además de restos de pesticidas y aserrín, factores que incrementan de forma exponencial el riesgo de patologías respiratorias y carcinomas pulmonares.
Las autoridades judiciales dispusieron el traslado de los cargamentos decomisados a las bodegas de la Dirección Distrital del SENAE para su posterior destrucción y trituración ecológica en hornos industriales autorizados. Los conductores aprehendidos en los operativos fueron puestos a órdenes de los fiscales de turno para la formulación de cargos penales por el delito de contrabando agravado de mercancías.
Tecnología de escaneo y alianzas con el sector productivo formal
Para cerrar el cerco a las organizaciones de contrabando, el SENAE ha comenzado a implementar pórticos de escaneo no intrusivo y sensores infrarrojos de alta resolución en los puntos de control interprovinciales más vulnerables. Estas herramientas tecnológicas permiten verificar la densidad interna de los camiones de carga cerrada en cuestión de segundos, sin necesidad de descargar manualmente los bultos ni retrasar el comercio lícito de mercaderías entre la Sierra central y los puertos de la Costa.
Asimismo, los comités de seguridad aduanera mantienen mesas de diálogo permanente con los gremios industriales de tabaco y bebidas del Ecuador para coordinar la trazabilidad digital mediante códigos QR encriptados y sellos fiscales inteligentes. Esta colaboración público-privada permite que los inspectores aduaneros y los propios comerciantes minoristas verifiquen al instante, a través de aplicaciones móviles autorizadas, si una cajetilla cuenta con el registro legal debidamente validado ante el Servicio de Rentas Internas.
