- La Policía Nacional desplegó el operativo simultáneo ‘Libertad’ en nueve cantones del país, deteniendo a 14 implicados.
- Los aprehendidos exigían pagos extorsivos que oscilaban entre USD 500 y USD 10.000 mensuales a comerciantes y transportistas.
- En las intervenciones se incautaron 18 teléfonos celulares, armas de fuego, municiones y libretas con nóminas de víctimas.
En una ofensiva simultánea de inteligencia y acción táctica, la Policía Nacional del Ecuador ejecutó la operación denominada «Libertad», logrando la aprehensión de catorce presuntos extorsionadores pertenecientes a células delictivas que sembraban zozobra en nueve ciudades del país. Las incursiones se concentraron en Guayaquil, Quito, Machala, Quevedo, Manta, Portoviejo, Santo Domingo, Babahoyo y Esmeraldas.
Golpe coordinado de la Unase en múltiples provincias
La Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase), en coordinación con unidades de élite táctica del GIR y GOE, allanó más de 20 inmuebles utilizados como centros de acopio y guaridas de las bandas. Según las investigaciones preliminares, los implicados amedrentaban a dueños de farmacias, tiendas de abarrotes, talleres mecánicos y cooperativas de taxis mediante llamadas telefónicas intimidatorias, panfletos amenazantes con firmas de grupos terroristas y detonación de artefactos pirotécnicos en fachadas comerciales.
Durante los registros domiciliarios, los uniformados decomisaron 18 terminales móviles utilizados para realizar las llamadas de extorsión, cuatro armas de fuego, más de 120 cartuchos sin percutir, chips prepago y varias libretas contables donde constaban los nombres de las víctimas y las cuotas cobradas que iban desde los USD 500 hasta los USD 10.000 mensuales.
Evidencias incautadas y formulación de cargos penales
La Fiscalía General del Estado formuló cargos en audiencias de flagrancia bajo el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal, solicitando la medida cautelar de prisión preventiva para la totalidad de los procesados debido a la gravedad del delito y al peligro que representan para la seguridad colectiva.
El combate frontal a las extorsiones es una de las prioridades de la política de seguridad pública, guardando plena consonancia con la cobertura de operativos policiales contra la delincuencia en los principales centros urbanos. Como reporta la Policía Nacional a través de despachos de Agencia EFE, la oportuna denuncia de las víctimas a la línea 1800-DELITO ha sido determinante para desarticular estas estructuras y restituir la tranquilidad en los barrios comerciales del país.
Los informes policiales detallan que los aprehendidos integraban estructuras criminales que se autodenominaban filiales de bandas delictivas organizadas con el fin de infundir mayor terror psicológico entre sus víctimas. En muchos casos, los delincuentes realizaban estudios previos de las rutinas de los comerciantes y de sus familiares directos, enviándoles fotografías de sus domicilios y vehículos para doblegar su resistencia y forzar los depósitos bancarios.
El comandante general de la Policía Nacional felicitó a los agentes de la Unase y de Inteligencia por la pulcritud operativa demostrada en los 20 allanamientos, ejecutados en horas de la madrugada sin que se registraran víctimas colaterales ni enfrentamientos armados. Las armas incautadas están siendo sometidas a peritajes de balística en los laboratorios de Criminalística para verificar si fueron utilizadas en atentados previos o hechos sicariales en las distintas provincias intervenidas.
Las autoridades judiciales hicieron un llamado a los comerciantes y ciudadanos que hayan sido víctimas de cobros indebidos bajo la modalidad de ‘vacunas’ a acudir a las fiscalías provinciales para reconocer las evidencias y formalizar sus denuncias con garantías plenas de reserva de identidad. La judicialización efectiva con testimonios protegidos es fundamental para que los jueces impongan las penas máximas de privación de libertad contempladas en la legislación penal vigente contra el crimen organizado.
El impacto social de las extorsiones en el comercio barrial de las principales ciudades ecuatorianas ha sido devastador, obligando a cientos de pequeños tenderos, farmacias y restaurantes a cerrar sus puertas por el temor a represalias de grupos de delincuencia organizada. La desarticulación de estas catorce personas brinda un respiro tangible a las familias trabajadoras.
Jefes policiales de las subzonas intervenidas destacaron que las denuncias anónimas y la colaboración comunitaria a través de comités barriales de seguridad han sido herramientas determinantes para ubicar los domicilios y puntos de encuentro de los extorsionadores.
La Fiscalía General del Estado solicitó a los jueces de garantías penales la incautación de las cuentas bancarias y bienes utilizados por los procesados para lavar el dinero obtenido de los cobros ilegales, aplicando la figura de comiso penal para reparar a las víctimas y golpear el patrimonio financiero de las bandas delictivas.
La Policía Nacional reitera su llamado a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión a través de la línea telefónica gratuita habilitada para investigaciones de delitos graves.
La articulación efectiva entre la inteligencia policial y las denuncias anónimas de la comunidad permite desarticular bandas de extorsión y devolver la tranquilidad a los comerciantes de las nueve ciudades intervenidas en el operativo.
La labor conjunta de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado fortalece la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado en las nueve ciudades intervenidas con éxito.
El compromiso policial reafirma la protección de la actividad comercial.
