- El Tribunal Tercero de Pichincha desestimó la inhibición y ratificó la competencia del juez Sebastián Cornejo.
- La resolución se fundamenta en la disposición transitoria del Consejo de la Judicatura tras suprimir la Unidad Anticorrupción.
- La causa penal investiga un presunto delito de lavado de activos a 17 personas naturales y nueve empresas.
- La audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por ocho procesados quedó fijada para el 19 de octubre.
En una resolución procesal clave dentro del trámite judicial de mayor resonancia política del país, el Tribunal Tercero de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó formalmente que el juez penal de Iñaquito, Sebastián Cornejo en caso Goleada, debe continuar como titular del proceso en el que se investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, a familiares cercanos y a directivos empresariales por un presunto delito de lavado de activos derivado del comercio irregular de hidrocarburos.
Fundamentos procesales del tribunal y competencia judicial
La sala provincial, integrada por los magistrados Wilson Lema Lema en calidad de ponente, Patricio Ricardo Vaca Nieto y Edwin Paúl Pérez Reina, resolvió el conflicto negativo de competencia suscitado luego de que Cornejo y la jueza Ana Lucía Cevallos Ballesteros se inhibieran de seguir conociendo el expediente tras la reciente reestructuración judicial. Los jueces superiores concluyeron que la inhibición declarada fue equivocada al ignorar la disposición transitoria segunda de la resolución del Consejo de la Judicatura del 7 de septiembre de 2026, mediante la cual se dispuso la supresión de la Unidad Especializada Anticorrupción.
Dicha normativa transitoria estipula con claridad meridiana que aquellas causas penales que ya se encuentren con audiencias instaladas, suspendidas o pendientes de resolución continuarán bajo la dirección de los mismos operadores de justicia originarios hasta su conclusión procesal definitiva. En consecuencia, el magistrado Cornejo deberá conducir la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que él mismo dejó instalada, preservando el principio constitucional de juez natural y la continuidad de las diligencias probatorias, en concordancia con los precedentes analizados en las investigaciones sobre procesos penales y seguridad jurídica institucional en los tribunales del país.
Alcance de la acusación fiscal y audiencia de apelación
La teoría del caso impulsada por la Fiscalía General del Estado sostiene que los 26 procesados —17 personas naturales y nueve personas jurídicas— formaron un presunto entramado societario orientado a disimular recursos de procedencia ilícita mediante operaciones de intermediación de combustibles. Entre los procesados constan el burgomaestre porteño Aquiles Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier, su esposa, parientes y el asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) Raúl Chávez.
Una vez zanjada la titularidad de la causa, el tribunal convocó formalmente para las 09:30 del próximo lunes 19 de octubre a la audiencia oral y pública de apelación a la prisión preventiva solicitada por ocho de los encausados, entre ellos Alvarez y Chávez. En dicha diligencia, las defensas técnicas buscarán sustituir la medida de privación de libertad por presentaciones periódicas y prohibición de salida del país, mientras que el Ministerio Público pedirá ratificar el encarcelamiento cautelar argumentando riesgo procesal de fuga y peligro de obstaculización a la verdad material.
Repercusiones en la gobernanza municipal y el tablero político
El desenlace de esta audiencia de apelación marcará el rumbo administrativo de la Alcaldía de Guayaquil, dado que la confirmación de la prisión preventiva obligaría a estructurar mecanismos formales de subrogación de funciones ejecutivas en el cabildo porteño. Juristas y analistas constitucionales observan con atención el desarrollo de este caso, catalogado como uno de los litigios de cuello blanco más trascendentes en la historia judicial contemporánea de la nación.
Estrategias de la defensa y debate constitucional
Los abogados defensores del alcalde Aquiles Alvarez y de los restantes procesados argumentan que la medida cautelar de prisión preventiva vulnera el principio de proporcionalidad y la presunción de inocencia, señalando que sus representados han comparecido a todas las notificaciones judiciales previas y no registran peligro real de fuga. Durante la audiencia convocada para el 19 de octubre, el equipo legal solicitará medidas sustitutivas contempladas en el Código Orgánico Integral Penal, como la prohibición de enajenar bienes inmuebles, el congelamiento de activos societarios bajo fianza y la presentación periódica semanal ante la autoridad judicial competente.
Por el contrario, delegados de la Procuraduría General del Estado y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) reiteraron que la gravedad del delito investigado y la complejidad de los flujos monetarios transfronterizos justifican el mantenimiento de la prisión preventiva para asegurar la comparecencia de los acusados en la eventual etapa de juicio. La resolución del tribunal de apelación sentará un precedente definitorio para el curso procesal de esta causa de alta connotación nacional.
La ciudadanía permanece atenta a las resoluciones que adopten los magistrados provinciales en una causa que involucra fondos públicos y transparencia gubernamental en el país.
