- La procesada rindió su testimonio ante las autoridades judiciales sobre los hechos de la madrugada.
- Familiares de la víctima exigen la pena máxima y rechazan cualquier atenuante de culpabilidad.
- La Fiscalía recabó indicios periciales balísticos y telefónicos en el inmueble del sector norte.
- El tribunal dictó prisión preventiva y fijó fecha para la audiencia de juzgamiento formal.
La investigación penal en torno al crimen que conmocionó a Guayaquil sumó piezas determinantes tras conocerse las comparecencias y elementos de convicción formulados dentro del proceso judicial contra Andreína Lamota, procesada por su presunta autoría en el homicidio violento de su amiga Jeniffer Banguera tras una reunión social en el norte de la ciudad.
De acuerdo con el expediente fiscal, los hechos se desencadenaron en horas de la madrugada al interior de un departamento donde se habría producido un altercado verbal que culminó en un ataque con arma corto punzante que provocó heridas mortales a la víctima en el tórax y cuello.
Reconstrucción de los hechos y elementos de convicción de la Fiscalía
El expediente fiscal sobre la muerte de Jeniffer Banguera incorporó minuciosos peritajes forenses, informes balísticos y transcripciones de llamadas telefónicas que comprometen la situación jurídica de los procesados. Los investigadores establecieron que el fatal suceso ocurrió en medio de un altercado violento dentro de un inmueble particular, donde la víctima fue herida de gravedad antes de ser trasladada tardíamente a un centro asistencial sin signos vitales.
Durante las audiencias preparatorias de juicio, los abogados acusadores presentaron pruebas testimoniales de vecinos que escucharon detonaciones y discusiones acaloradas, desmontando las versiones preliminares que pretendían calificar el hecho como un lamentable accidente doméstico sin culpabilidad directa.
Clamor de justicia y medidas cautelares ratificadas
Familiares y colectivos de defensa de los derechos de las mujeres se concentraron en los exteriores de la unidad judicial portando carteles para exigir la máxima sanción penal contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El tribunal de garantías penales ratificó las medidas cautelares de prisión preventiva para los imputados, señalando la existencia de riesgo procesal de fuga y la necesidad de tutelar el debido proceso.
Peritajes de criminalística y preservación de la cadena de custodia
La defensa técnica de los procesados intentó impugnar varios de los informes periciales alegando supuestos vicios en la cadena de custodia de los indicios materiales recabados en la escena del delito.
Sin embargo, los magistrados del tribunal desestimaron los incidentes tras confirmar que los peritos de Criminalística de la Policía Nacional siguieron con estricto apego los protocolos de fijación fotográfica, embalaje y rotulación de evidencias balísticas, blindando la validez jurídica de la prueba presentada por el fiscal del caso.
El tribunal penal convocó a las partes procesales para la audiencia de juzgamiento definitivo en las próximas semanas, donde comparecerán más de una veintena de peritos, médicos legistas y testigos presenciales para esclarecer de forma concluyente la autoría y grado de participación de cada uno de los procesados.
Familiares de la víctima recalcaron que no descansarán hasta que la justicia emita una sentencia condenatoria ejemplar con la máxima pena agravada estipulada en la ley, sentando un precedente judicial firme contra la impunidad en delitos contra la vida.
Documentos oficiales remitidos por la Fiscalía General del Estado confirman la recolección de indicios periciales de luminol, muestras biológicas y transcripciones de mensajes de mensajería instantánea que desvirtúan la hipótesis inicial de un aparente forcejeo accidental。
Familiares y allegados de Banguera realizaron plantones en los exteriores del complejo judicial de La Valdivia exigiendo transparencia procesal y la aplicación de la pena máxima contemplada en el Código Orgánico Integral Penal sin beneficios penitenciarios abreviados.
Resoluciones expedidas por el Consejo de la Judicatura ratificaron la medida cautelar de prisión preventiva contra la procesada en el Centro de Privación de Libertad de Mujeres, ordenando medidas de protección de auxilio a favor de los deudos de la víctima.
La demanda ciudadana de seguridad y justicia frente a delitos de violencia interpersonal se replica en las acciones operativas donde las labores de control del orden en la urbe porteña como el operativo en la vía Perimetral para recuperar la tranquilidad ciudadana.
El tribunal fijó para las próximas semanas la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio donde se definirá la admisibilidad de las pruebas periciales de las partes.
