El rechazo fiscalización trolebuses Quito marca un nuevo pulso político.
El Concejo Metropolitano desestimó la resolución de la Asamblea Nacional.
La fiscalización apuntaba al alcalde Pabel Muñoz y a empresas municipales.
El motivo fue la compra de 60 trolebuses eléctricos.
Rechazo fiscalización trolebuses Quito y anuncio a la Corte Constitucional
El Concejo anunció que acudirá a la Corte Constitucional. Considera que la decisión vulnera la autonomía municipal la medida fue aprobada con 16 votos a favor. La Asamblea aprobó iniciar un proceso integral de fiscalización. Incluye actuaciones del alcalde y autoridades metropolitanas, se centra en contratación y gestión administrativa. Todo está vinculado a la compra de los trolebuses.
Límites al control político de la Asamblea
El Concejo recuerda el artículo 120 numeral 9. El cual limita la fiscalización a funciones del Estado y no incluye a los gobiernos autónomos descentralizados. Por tanto, no alcanza a Quito ni a sus autoridades, recalca que el control técnico es exclusivo corresponde a la Contraloría General del Estado.
Cuestionamientos a la motivación política
El Concejo cuestionó la justificación de la Asamblea sostiene que sí existe intromisión en competencias. Habla de interferencia en atribuciones municipales., considera que se afecta el régimen autónomo.
Incluso, sugiere un intento de desviar la atención, menciona casos como Progen, ATM y HealthBird.
Estos involucran presuntas irregularidades estatales. Asegura que faltó control político al Gobierno Central.
Rechazo fiscalización trolebuses Quito y precedente constitucional
El Concejo ratificó ser el único órgano competente. Puede fiscalizar política y administrativamente al alcalde dispuso que la Procuraduría Metropolitana actúe, solicitará revisión constitucional de la resolución.
El objetivo es sentar un precedente jurídico, busca delimitar claramente las competencias. Pretende evitar futuras injerencias legislativas. Apunta a proteger la autonomía de los GAD.
Este conflicto revela tensiones institucionales también evidencia vacíos interpretativos constitucionales. El desenlace dependerá de la Corte Constitucional. Su fallo podría redefinir el control político en Ecuador.
Más noticias:
Ecuador eleva la tarifa por transporte de crudo colombiano a través del SOTE
Fuente:
