La denuncia de espionaje en Segura EP presuntamente ligada a Rafael Correa revela un patrón de acusaciones que incluye traición y peculado. El expresidente Rafael Correa podría enfrentar un nuevo proceso penal ante la justicia ecuatoriana. Este lunes 22 de junio de 2026, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, presentó formalmente la denuncia ante la Fiscalía General. Se refiere a una supuesta red de espionaje operada desde la empresa pública Segura EP, que habría sido liderada por el exmandatario, quien reside en Bélgica desde 2017. Por su parte, el presidente Daniel Noboa afirmó que se desconoce su paradero exacto: “Ahora anda escondido en otro lado”.
Un historial judicial complejo y extenso
Según el sistema informático SATJE del Consejo de la Judicatura, Rafael Correa acumula 47 procesos judiciales en su contra. Estos expedientes datan desde junio de 2001 hasta mayo de 2025, abarcando más de dos décadas de investigaciones. Su trayectoria política, que lo ubicó como el mandatario con más años continuos en el poder (10 años ininterrumpidos), se ha visto empañada por acusaciones de alta gravedad. En consecuencia, su condición actual es la de prófugo de la justicia ecuatoriana.
No obstante, el avance de estas causas tiene limitaciones procesales. Solo 1 de cada 10 procesos puede ser juzgado en ausencia del imputado. El resto requiere su presencia física para continuar con las etapas de indagación y juicio, lo que dificulta su resolución definitiva.
Delitos y acusaciones que pesan sobre Correa
Las denuncias en su contra abarcan una amplia gama de ilícitos penales. Entre ellos figuran la traición a la patria, el peculado, el tráfico de influencias y el fraude procesal. También se le imputa alteración de evidencias, delincuencia organizada e incluso tentativa de asesinato. Asimismo, aparece como testigo no identificado en la investigación del asesinato del periodista Fausto Valdiviezo, ocurrido en 2013.
Por otra parte, Correa también ha ejercido acciones legales. Ha presentado denuncias por falsos testimonios y apropiación indebida, buscando revertir las imputaciones en su contra. A continuación, se detallan los casos más relevantes.
Caso del asesinato del periodista Fausto Valdiviezo
El crimen ocurrió el 11 de abril de 2013 en circunstancias aún no esclarecidas. Rafael Correa fue incluido como testigo no identificado, junto a figuras como Fernando Balda, José Serrano y Álex Carrera. Aunque no ha sido acusado formalmente, en enero de 2019 fue convocado para rendir su versión por videoconferencia desde Bélgica. La diligencia fracasó por inasistencia de sus abogados y fallas técnicas. Finalmente, el expediente se archivó sin sentenciados, quedando en estado de impunidad.
Traición a la patria y declaraciones polémicas
El 12 de abril de 2024, la exministra del Trabajo Ivonne Núñez denunció a Correa por traición a la patria. La causa surgió tras sus declaraciones sobre la detención de Jorge Glas en la Embajada de México en Quito. Según la legislación vigente, este delito conlleva penas de entre siete y diez años de privación de libertad. En su momento, el expresidente calificó el hecho como una violación al derecho internacional: “Ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país”, afirmó en su cuenta de X.
Secuestro de Fernando Balda y sentencia por cohecho
Correa fue vinculado al secuestro del activista Fernando Balda, ocurrido en Bogotá en 2012. En 2018 se ordenó su enjuiciamiento, pero el proceso está estancado por su ausencia, manteniéndose vigente una orden de captura internacional. Además, en el denominado Caso Sobornos, recibió sentencia condenatoria por cohecho: ocho años de prisión, junto a Jorge Glas. La Fiscalía demostró que operaba una estructura organizada que recibía pagos indebidos para adjudicar contratos públicos.
Nueva denuncia por espionaje en Segura EP
La investigación más reciente involucra a la empresa pública Segura EP. Según la ministra Morillo, los sistemas de videovigilancia habrían sido utilizados con fines políticos y persecución a opositores. La denuncia señala que Rafael Correa estaría detrás de esta operación, desviando recursos y funciones institucionales. Segura EP enfrentará indagaciones por peculado, uso indebido de información pública e intimidación, entre otros delitos que surjan durante la instrucción fiscal.
En definitiva, esta nueva imputación amplía el escenario judicial del exmandatario, quien sigue en el extranjero mientras la justicia ecuatoriana intenta avanzar en la resolución de sus múltiples causas.
Fuente: El Comercio
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