La denuncia cámaras Segura EP fue presentada el 22 de junio de 2026 por la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, ante la Fiscalía General del Estado. La funcionaria solicitó que se investigue el presunto uso irregular de las cámaras de videovigilancia de la empresa municipal de Guayaquil, que habrían sido utilizadas para conformar una red de espionaje. Según Morillo, detrás de esta supuesta red estarían el expresidente Rafael Correa y militantes de la Revolución Ciudadana, como el asambleísta Juan Andrés González, el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión y la exsuperintendente de Compañías Suad Manzur. La ministra calificó esta situación como una «persecución política» y pidió que se investiguen delitos como peculado e intimidación.
Acusaciones sobre el uso de las cámaras de Segura EP
La denuncia cámaras Segura EP señala que el sistema de videovigilancia, que debería garantizar la protección de los ciudadanos, habría sido desviado para fines políticos. La ministra Morillo afirmó que las cámaras fueron utilizadas para «perseguir» y «amedrentar» a personas, lo que constituiría un delito de intimidación. Además, la funcionaria indicó que esta red de espionaje habría operado con la participación de figuras políticas del correísmo. La denuncia incluye la solicitud de investigar un presunto peculado en el manejo de los recursos de Segura EP, así como el eventual uso indebido de información sensible.
Antecedentes y fiscalización en la Asamblea
La denuncia cámaras Segura EP no es un hecho aislado. El pasado 17 de junio, bancadas de la Asamblea Nacional, como ADN y el correísmo, votaron a favor de iniciar una fiscalización sobre el uso de las cámaras de seguridad, aunque por intereses distintos. ADN impulsa la investigación tras la difusión de audios en los que presuntamente se escucharía al expresidente Correa coordinando el seguimiento a personas a través de las cámaras. Por su parte, el correísmo busca saber qué sucedió con el sospechoso de una explosión en la Bahía de Guayaquil en junio de 2025, conocido como el caso Porsche. El 12 de junio, el ministro del Interior, John Reimberg, también señaló que los dispositivos de Segura EP fueron usados como «una sala de espionaje».
Comparecencias en la Asamblea Nacional
Como parte de la fiscalización, la Comisión de Seguridad de la Asamblea, dominada por ADN, avocó conocimiento del inicio de la investigación sobre el supuesto mal uso de las cámaras de Segura EP. Se estableció un cronograma de comparecencias para recibir versiones en torno al caso. El primer convocado es el ministro del Interior, John Reimberg, para el 23 de junio, aunque existe la posibilidad de que envíe un delegado. También ha sido llamado a declarar el comandante de la Policía Nacional, el general Pablo Dávila Maldonado. Estas comparecencias buscan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en el manejo del sistema de videovigilancia municipal.
Conclusión: un caso que combina política y seguridad
La denuncia cámaras Segura EP abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno y el correísmo. Las acusaciones de espionaje y persecución política, sumadas a la fiscalización en la Asamblea, ponen en el centro del debate el uso de los sistemas de seguridad pública con fines políticos. La investigación de la Fiscalía y las comparecencias de funcionarios clave serán determinantes para esclarecer si existió un uso irregular de las cámaras de Segura EP. El caso también refleja la polarización política en Ecuador, donde el control de las herramientas de seguridad se convierte en un campo de batalla entre el oficialismo y la oposición.
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