- Agentes fiscales y unidades policiales incautaron computadores y contratos en varias gerencias.
- La investigación penal se inició tras la denuncia de funcionarios sometidos a descuentos ilegales.
- Las deducciones mensuales habrían sido direccionadas a financiar campañas y actividades proselitistas.
- El alcalde de la capital declaró que colaborará de forma irrestricta con las pericias judiciales.
En el marco de una investigación penal por presunta concusión y enriquecimiento ilícito, un equipo conjunto de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutó múltiples órdenes de allanamiento en dependencias administrativas del Municipio de Quito, recopilando evidencias sobre la operación de una supuesta red dedicada al cobro sistemático de ‘diezmos’ a funcionarios contratados.
Las diligencias judiciales se desplegaron de forma simultánea en despachos de recursos humanos, secretarías zonales y empresas públicas metropolitanas, donde los peritos de Criminalística procedieron al levantamiento de computadores portátiles, discos duros externos, libros de contabilidad y planillas de pago de personal bajo régimen ocasional.
Elementos recabados durante los allanamientos judiciales
Durante la diligencia liderada por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía, los agentes procedieron a la incautación de computadoras de escritorio, teléfonos celulares institucionales, libros de asistencia de personal y registros contables en varias oficinas de direcciones departamentales del Municipio de Quito. Los peritos informáticos realizaron copias espejo forenses de las casillas de correo electrónico y de las aplicaciones de mensajería instantánea de los funcionarios señalados en las denuncias.
La hipótesis investigativa sostiene que un grupo de coordinadores exigía mensualmente aportes obligatorios que oscilaban entre el 5% y el 15% de las remuneraciones de empleados contratados bajo modalidades temporales y de servicios ocasionales, bajo amenaza de no renovar sus contratos de trabajo en las dependencias metropolitanas.
Posición de la administración municipal y control disciplinario
Desde la Alcaldía Metropolitana se emitió un comunicado institucional comprometiendo total apertura y colaboración irrestricta con las autoridades judiciales para transparentar los hechos y sancionar a cualquier servidor público involucrado en prácticas reñidas con la ética. Paralelamente, la Dirección de Talento Humano y la Auditoría Interna abrieron sumarios administrativos para determinar posibles complicidades y remitir los informes de responsabilidad a la Contraloría General del Estado.
Comunicados remitidos por la Fiscalía General del Estado confirman que la causa penal se abrió tras recibir testimonios de servidores públicos que denunciaron haber sido obligados a entregar entre el 10% y el 20% de sus sueldos mensuales bajo amenaza de no renovar sus contratos de servicios institucionales.
Los fondos recolectados de manera ilícita habrían sido canalizados hacia cuentas bancarias de terceros y cooperativas de ahorro para costear eventos políticos y movilizaciones de agrupaciones partidistas en la capital.
A través de un pronunciamiento oficial, voceros del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito señalaron que el alcalde dispuso brindar facilidades absolutas al personal judicial, reiterando una política de cero tolerancia frente a cualquier acto de extorsión laboral o abuso de poder.
Este operativo judicial se suma a los pedidos de investigación formulados en el ámbito legislativo donde las indagaciones de presuntas irregularidades donde ADN pedirá a la Asamblea fiscalizar vacunas en el Municipio, exigiendo esclarecer el destino del dinero de los contribuyentes.
Los fiscales a cargo del caso analizarán los archivos electrónicos incautados para determinar posibles vinculaciones directas de altos directivos municipales en los próximos días.
