- Tribunales penales dictaron condenas de prisión para responsables de quemas forestales.
- El COIP sanciona con penas de uno a tres años a quienes provoquen incendios de vegetación.
- Los estragos ambientales en el cerro Casitagua y quebradas movilizaron a la comunidad de Quito.
- Juristas y ambientalistas debaten si la cárcel resulta suficiente sin reparación ecológica.
Las recientes resoluciones judiciales dictadas en Pichincha contra ciudadanos procesados por iniciar quemas no autorizadas de vegetación abrieron un debate impostergable en la capital ecuatoriana. La recurrencia de incendios forestales en Quito durante los períodos de estiaje prolongado y vientos intensos ha puesto en alerta máxima a las autoridades metropolitanas y a los organismos de seguridad, evidenciando que las sanciones privativas de libertad deben aplicarse con estricto rigor legal para frenar la sistemática destrucción de los ecosistemas montañosos que rodean a la ciudad.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 246, estipula penas de prisión de uno a tres años para quienes provoquen directa o indirectamente incendios en bosques, páramos o pajonales. La norma eleva la sanción hasta un rango de tres a cinco años cuando el fuego causa la muerte de personas o afecta áreas protegidas del Sistema Nacional. Pese a la claridad de las disposiciones penales, fiscales de la Fiscalía General del Estado de Ecuador y peritos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito advierten que la mayoría de los eventos se originan por negligencias agrícolas, quemas clandestinas de basura o acciones premeditadas vinculadas al tráfico ilícito de tierras en laderas protegidas.
Sanciones por incendios forestales en Quito
La imposición de penas de cárcel plantea interrogantes sobre su verdadera capacidad disuasoria si no se acompaña de medidas coercitivas de remediación. Diversos especialistas en derecho ambiental y técnicos del Ministerio del Ambiente de Ecuador sostienen que recluir al infractor en un centro carcelario no repara el daño ecológico ni restituye la flora nativa destruida. Especies vegetales emblemáticas como el quishuar, el pumamaqui y los pajonales tardan décadas en regenerarse de forma natural tras un incendio de gran magnitud.
Asimismo, los costos económicos derivados del combate al fuego representan una pesada carga para las arcas municipales. En siniestros de gran envergadura, el despliegue de helicópteros con canastas Bambi Bucket, el consumo de combustible, la movilización de más de un centenar de bomberos y el desgaste de equipos de socorro superan fácilmente los 150.000 dólares por operativo. Por ello, juristas quiteños proponen reformar el marco jurídico para incluir la obligación civil de indemnizar los costos de extinción y cumplir jornadas de reforestación comunitaria supervisada como parte ineludible de la sentencia condenatoria.
Conciencia comunitaria y preservación del entorno
La protección de las laderas y quebradas de Quito exige una participación ciudadana activa a través de denuncias tempranas al sistema ECU 911 y brigadas barriales de vigilancia preventiva. La amarga experiencia comunitaria vivida durante el siniestro forestal registrado en el cerro Casitagua ratifica que la preservación de los cerros tutelares depende tanto de una justicia ambiental estricta como del compromiso colectivo para erradicar prácticas irresponsables con el fuego en todo el Distrito Metropolitano.
Casos precedentes y sentencias en Pichincha
Los archivos judiciales de la provincia de Pichincha registran condenas previas que ilustran la aplicación de las sanciones penales. En 2024, un Tribunal de Garantías Penales sentenció a un ciudadano a un año de prisión correccional y al pago de una multa económica superior a los 20.000 dólares tras comprobarse su autoría directa en el incendio de pastizales en las laderas de Chilibulo y Guápulo, siniestros que cubrieron de humo espeso al centro histórico de la capital.
No obstante, los informes de seguimiento penitenciario revelan que la mayoría de los condenados carecen de patrimonio suficiente para hacer efectivas las multas impuestas por los jueces, quedando las reparaciones ambientales en el papel. Por esta razón, asambleístas y colectivos ecologistas plantean que las penas incluyan trabajos forzosos de restauración de suelos y jornadas obligatorias en viveros municipales como condición indispensable para acceder a beneficios penitenciarios o rebajas de condena.
