- El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 83 votos a favor una resolución para investigar los contratos, costos y estudios técnicos del proyecto Quitopía.
- La obra de infraestructura comunitaria presentó acumulación de agua y fallas de drenaje menos de 24 horas después de su inauguración oficial el 3 de octubre.
- Una mesa legislativa recopilará expedientes contractuales durante 30 días para remitir eventuales responsabilidades a la Contraloría y a la Fiscalía.
- La administración municipal enfrenta además denuncias sobre supuestos aportes económicos obligatorios solicitados a funcionarios públicos del cabildo.
La administración del alcalde de la capital, Pabel Muñoz, afronta un nuevo proceso de control político y administrativo en el Legislativo. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 83 votos afirmativos una resolución formal para solicitar información pormenorizada a los órganos de control sobre el proceso de adjudicación, presupuesto real y especificaciones técnicas del proyecto integral Quitopía. La iniciativa fiscalizadora se activó luego de que las instalaciones inauguradas el pasado 3 de octubre de 2026 sufrieran anegamientos y fallas ostensibles en sus colectores pluviales al día siguiente de su entrega a la comunidad.
El legislador Luigi García argumentó en el hemiciclo que los problemas hidráulicos registrados a menos de un día del acto de apertura exigen una revisión técnica rigurosa de las garantías contractuales y de la fiscalización de la obra. La disposición legislativa encomienda a una comisión especializada requerir contratos, planillas de pago y estudios de suelo en un lapso improrrogable de 30 días laborables. Si bien el parlamento carece de competencias constitucionales para destituir autoridades seccionales, los parlamentarios señalaron que cualquier indicio de sobreprecio o negligencia técnica será trasladado a la Contraloría General del Estado y al Ministerio Público.
Cuestionamientos técnicos a la infraestructura urbana y pluvial
El asambleísta Andrés Castillo respaldó la investigación legislativa y sostuvo que los desperfectos evidenciados durante las precipitaciones demuestran deficiencias severas en el diseño de drenaje y en la supervisión de las obras municipales. Castillo remarcó que la ciudadanía quiteña exige cuentas claras sobre la inversión pública ejecutada, particularmente cuando la capital enfrenta constantes desafíos de escorrentía, monitoreados en paralelo al estado de las reservas de agua y capacidad de embalses en Quito.
El proyecto Quitopía fue concebido como un espacio de recreación, servicios sociales y equipamiento barrial, pero sus costos finales y cronogramas de entrega continúan bajo debate público. Los asambleístas enfatizaron que el informe de fiscalización buscará establecer si las empresas constructoras cumplieron a cabalidad con los términos de referencia exigidos en los pliegos contractuales y si el cabildo aplicó oportunamente las sanciones correspondientes por defectos de construcción.
Denuncias adicionales por presuntos cobros a servidores municipales
A la fiscalización de Quitopía se sumó la difusión de una investigación periodística impulsada por organizaciones de la sociedad civil, denominada preliminarmente caso VAQNAS. Dicho informe recoge testimonios de trabajadores y exempleados de dependencias metropolitanas que denuncian haber sido objeto de presiones para aportar entre USD 60 y USD 120 mensuales de sus salarios bajo el condicionamiento de conservar su estabilidad laboral, fondos que supuestamente habrían financiado actividades proselitistas.
Ante estos señalamientos, las autoridades del Municipio de Quito y la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros informaron que interpusieron denuncias judiciales para que la Fiscalía General del Estado investigue los hechos y sancione eventuales delitos de intimidación o concusión. Los legisladores indicaron que vigilarán la transparencia de ambos procesos en resguardo de los recursos y el patrimonio público de la capital.
