- La candidata al CPCCS sostiene que el actual proceso arrastra vicios de nulidad insubsanables.
- Plantea que la nueva conformación del organismo ciudadano debe convocar una veeduría internacional.
- La postulante es abogada y máster en proyectos con experiencia previa en el Consejo de la Judicatura.
- Advierte que la legitimidad de la máxima autoridad judicial exige un procedimiento con total transparencia.
La abogada y aspirante calificada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Yumi Andrade Betancourt, propuso públicamente que el concurso de méritos y oposición para la selección y designación del nuevo Fiscal General del Estado debe iniciar desde cero una vez que se posesionen las nuevas autoridades electas por votación popular. La postulante fundamentó su planteamiento en la grave pérdida de confianza ciudadana provocada por los reiterados conflictos internos, cuestionamientos a los bancos de preguntas y pugnas reglamentarias que han paralizado el procedimiento bajo la actual administración del organismo.
En declaraciones dirigidas a medios nacionales, Andrade señaló que el proceso conducido hasta la fecha por la comisión ciudadana de selección adolece de inconsistencias metodológicas que comprometen la probidad del resultado final. La candidata, quien posee un máster en Gerencia de Proyectos y ha desempeñado funciones técnicas en el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Salud, enfatizó que nombrar a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado sobre un concurso cuestionado debilitaría de forma irreversible la persecución penal del crimen organizado en el país.
Crítica a la gestión saliente y propuesta de veeduría internacional
Andrade evaluó de manera severa el desempeño del pleno saliente del CPCCS, señalando que la inestabilidad en la presidencia y los constantes desacatos a resoluciones constitucionales convirtieron a la institución en un escenario de disputa sectaria en lugar de un canal de control ciudadano eficaz. Como alternativa, planteó la adopción inmediata de un nuevo reglamento de selección que incorpore exámenes orales públicos transmitidos en vivo, pruebas de confianza poligráficas y una veeduría técnica con la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Asimismo, la aspirante se pronunció a favor de una renovación integral en los organismos electorales del Estado, considerando indispensable que el relevo en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se concrete sin más dilaciones para restablecer la certidumbre en los futuros certámenes comiciales. A su criterio, la independencia de la función judicial requiere que los evaluadores no mantengan vínculos directos ni indirectos con organizaciones políticas ni con estudios jurídicos que patrocinen a procesados en casos de corrupción de trascendencia nacional.
La relevancia institucional de la Fiscalía en la lucha anticorrupción
El debate sobre la idoneidad y el procedimiento para escoger a las principales autoridades del Estado adquiere una enorme relevancia en la coyuntura contemporánea, donde la ciudadanía exige la preservación incondicional de los mecanismos de control republicano. Esta exigencia de transparencia se alinea con las decisiones jurisprudenciales de alto nivel, tal como aconteció cuando la Corte Constitucional dictaminó que la Asamblea debe aprobar el acuerdo con Estados Unidos, garantizando el respeto irrestricto a los canales institucionales de decisión colectiva.
La propuesta de dejar sin efecto lo actuado en el concurso para Fiscal General ha encontrado respaldos y reparos en los colegios de abogados del país. Mientras ciertos gremios jurídicos coinciden en que reiniciar el trámite es el único camino viable para sanear los vicios existentes, otros juristas alertan sobre el riesgo de prorrogar indefinidamente la subrogación en la Fiscalía, lo que podría generar incertidumbre operativa en el despacho de causas de alta sensibilidad social.
La elección de los nuevos vocales del CPCCS el próximo 29 de noviembre resultará crucial para zanjar esta disyuntiva histórica. De la solvencia técnica y la integridad ética de los futuros consejeros dependerá la conducción de los concursos más trascendentales para la vigencia de la justicia penal y la seguridad jurídica en la República del Ecuador.
