Quito, 09 de julio de 2025. – La Fiscalía General del Estado allanó en la madrugada la vivienda del asambleísta Santiago Díaz Asque, investigado por la presunta violación a una niña en Quito. El hecho, ocurrido el 7 de julio en el sector de Iñaquito, generó una rápida respuesta judicial y política.
Fiscalía incauta dispositivos electrónicos y documentos clave
Durante el operativo, agentes de Criminalística decomisaron múltiples celulares, aparatos electrónicos y documentación relevante. Las autoridades analizarán estos elementos dentro de la investigación por la presunta violación a una niña en Quito, con el objetivo de esclarecer los hechos y verificar la participación del legislador.
El allanamiento contó con autorización judicial y forma parte de las diligencias urgentes que realiza la Fiscalía. Equipos especializados en delitos sexuales ya han brindado atención integral a la víctima, una menor de 12 años, protegiendo sus derechos durante el proceso.
Revolución Ciudadana expulsa a Santiago Díaz tras conocerse la denuncia
El asambleísta Joseph Santiago Díaz Asque, electo con el respaldo de la bancada de Revolución Ciudadana, fue separado inmediatamente del movimiento. La agrupación política expresó su repudio ante el presunto delito y manifestó su respaldo total a la víctima.
“Frente a un hecho tan grave como la presunta violación a una niña en Quito, no hay espacio para la ambigüedad. Actuamos con coherencia y firmeza”, señaló el comunicado oficial. Asimismo, aseguraron que no protegerán a ningún presunto agresor, sin importar su cargo o afiliación política.
Santiago Díaz rechaza las acusaciones y denuncia persecución judicial
El legislador emitió un pronunciamiento en redes sociales, donde rechazó la denuncia en su contra. Según Díaz, el caso responde a un “ruin montaje judicial”, del cual espera salir absuelto. Asegura tener confianza en el sistema judicial y en que los hechos serán esclarecidos.
A pesar de su postura, la denuncia por presunta violación a una niña en Quito ha generado gran preocupación en la opinión pública. Ciudadanos y organizaciones sociales exigen una investigación transparente, sin influencias ni impunidad, dada la gravedad del presunto delito y la posición de poder del acusado.
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