Silencio político frente al avance del Quinto Puente
El Quinto Puente, también conocido como Viaducto Sur de Guayaquil, ha generado controversia no por su importancia vial, sino por las dudas que rodean el proceso de expropiaciones. A pesar de que los terrenos clave para esta obra pertenecen a empresas vinculadas a familiares del presidente Daniel Noboa, los asambleístas del Guayas han optado por el silencio.
Diario EXPRESO ha insistido en obtener respuestas de los legisladores de ADN y del correísmo, sin éxito. Ni Ferdinan Álvarez ni Victoria Desintonio, entre otros consultados, respondieron a las solicitudes. Este mutismo ha incrementado las sospechas de irregularidades en los pagos por las expropiaciones.
Preocupaciones ciudadanas ante la falta de transparencia
Organismos como la Comisión Nacional Anticorrupción han levantado su voz ante la falta de acción de la Asamblea frente al Quinto Puente. Para su coordinador en Guayas, Ricardo Ramírez, la actitud de los legisladores oficialistas contrasta con los discursos de transparencia que promueven.
Según Ramírez, este tipo de obras requiere vigilancia constante, ya que involucran fondos públicos y actores con intereses políticos y empresariales. Él advierte que no se puede permitir que los procedimientos se manejen sin escrutinio. Por ello, la Comisión ejercerá contraloría social durante todo el proceso.
¿Procedimiento legal o conflicto ético?
Mientras tanto, el Gobierno ha asegurado que las expropiaciones para el Quinto Puente se realizarán conforme a la ley. La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, defendió la legalidad del proceso y minimizó cualquier señalamiento sobre los propietarios de los terrenos.
Sin embargo, exfuncionarios como César Rohon insisten en que la Asamblea sí tiene competencia para ejercer control político en estos casos, más aún si existen indicios de pagos fuera de la norma. Él recuerda que esta obra, como otras de gran envergadura, no puede quedar al margen de la fiscalización.
El control estatal y el rol de la Contraloría
Más allá del discurso oficial, la preocupación ciudadana sigue en aumento. La Contraloría General del Estado también está llamada a intervenir si se detectan posibles irregularidades. Aunque no se ha pronunciado aún, su rol será determinante para despejar las dudas que se ciernen sobre el Quinto Puente.
La ciudadanía, por su parte, se debate entre exigir respuestas o esperar los resultados de las investigaciones y fiscalizaciones. No obstante, el silencio institucional alimenta la desconfianza.
Obras necesarias no deben quedar en la sombra
El Quinto Puente es una obra estratégica para mejorar la conectividad en Guayaquil. Sin embargo, eso no justifica el secretismo en torno a los procesos de adquisición de tierras. La transparencia debe acompañar cada etapa del proyecto.
Cinco menciones a la palabra clave han sido incluidas de forma alternada en el texto, sin sobrepasar el límite permitido. Asimismo, se han corregido los excesos en voz pasiva y longitud de las frases.
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