El proyecto ley redes sociales fue archivado por la Asamblea Nacional este 23 de junio de 2026, con 139 votos a favor de 140 legisladores presentes. La decisión se tomó tras considerar que la propuesta vulneraba la libertad de expresión, carecía de consistencia jurídica y no ofrecía una respuesta normativa técnicamente adecuada. La asambleísta Cecilia Baltazar, exmiembro de Pachakutik, presentó la moción de archivo basada en el informe de primer debate, que señalaba que el texto no establecía protecciones reforzadas para niños y adolescentes ni se alineaba con estándares internacionales. Por tanto, el proyecto ley redes sociales quedó desestimado.
¿Por qué se archivó el proyecto ley redes sociales?
El informe de primer debate recomendó el archivo del proyecto ley redes sociales porque vulneraba principios constitucionales esenciales. Baltazar argumentó que la normativa no puede estar «solamente enfocada en la sanción», sino que debe profundizar en el derecho a la libertad de expresión. Además, criticó que el texto no protegía a los menores ni hacía un análisis de la Ley de Datos Personales. La propuesta original, de 24 páginas, buscaba regular el uso de plataformas digitales, pero los legisladores coincidieron en que carecía de los estándares necesarios.
Debate y respaldo de los bloques políticos
Durante la sesión, Juan José Reyes, del bloque ADN, respaldó el archivo al señalar que el proyecto ley redes sociales no desarrollaba mecanismos para proteger a los niños del ecosistema digital. Gustavo Mateus, de Revolución Ciudadana, añadió que las soluciones deben ser compatibles con la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Mateus también advirtió que el texto «confunde principios éticos y morales con el ordenamiento jurídico», lo que podría abrir espacios para la persecución política. El archivo fue apoyado por todas las bancadas, incluyendo oficialismo y oposición.
Implicaciones del archivo para la regulación digital
El archivo del proyecto ley redes sociales deja sin efecto una iniciativa que pretendía establecer sanciones y controles sobre el contenido en plataformas digitales. Sin embargo, los legisladores coincidieron en que se necesita una legislación más robusta que respete la libertad de expresión y proteja a los grupos vulnerables. La decisión también refleja la complejidad de regular un ecosistema digital en constante evolución, donde las normas deben equilibrar la seguridad con los derechos fundamentales. El proyecto ley redes sociales no logró superar los estándares internacionales exigidos.
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