- El Tribunal Superior Electoral de Brasil multó a Meta con 7,5 millones de reales (USD 1,3 millones).
- La sanción obedece al incumplimiento de órdenes judiciales sobre igualdad de trato a candidatos en campaña.
- El fallo determinó que Meta entregó información incompleta, genérica o en inglés ante los jueces electorales.
- La corte descartó que existiera una acción deliberada para favorecer electoralmente a Flávio Bolsonaro.
La justicia electoral de Brasil aplicó una sanción de gran trascendencia al conglomerado tecnológico Meta tras comprobarse que la matriz de Facebook e Instagram desobedeció resoluciones judiciales obligatorias. El Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó la imposición de una multa a Meta en Brasil por 7,5 millones de reales (aproximadamente USD 1,3 millones) por no brindar un trato equitativo ni transparente a los candidatos presidenciales Luiz Inácio Lula da Silva y su rival durante la contienda cívica.
Causas que motivaron la multa a Meta en Brasil por el TSE
El fallo dictado por el máximo tribunal electoral brasileño concluyó que la multinacional incumplió de forma sistemática los plazos perentorios establecidos para responder requerimientos judiciales sobre la moderación de contenidos y la circulación de propaganda política. El magistrado relator de la causa, Marco Aurélio Bellizze, destacó en su voto que la firma tecnológica entregó contestaciones “genéricas”, evasivas, incompletas y en reiteradas oportunidades redactadas en idioma inglés, en abierta falta de respeto a las normas procesales del país sudamericano.
Las órdenes judiciales buscaban certificar que los algoritmos de recomendación de Facebook e Instagram no penalizaran arbitrariamente los perfiles de la coalición de Lula da Silva frente a los contenidos promovidos por los partidarios de Flávio Bolsonaro. Al fundamentar la multa a Meta en Brasil, los jueces aclararon en la sentencia que, si bien se verificó un incumplimiento procesal flagrante y merecedor de sanción pecuniaria, la prueba pericial no acreditó que Meta ejecutara un plan deliberado o fraudulento para desequilibrar el pleito electoral en favor de una determinada candidatura.
La resolución judicial precisó que la empresa postergó por más de noventa días la entrega de los registros de moderación de avisos patrocinados, obstaculizando la labor fiscalizadora de los auditores independientes designados por el tribunal.
La resolución del TSE sienta un precedente severo sobre el deber de colaboración de las grandes plataformas digitales con las autoridades electorales soberanas en América Latina.
Regulación de redes sociales y transparencia democrática
La fiscalización judicial de corporaciones tecnológicas globales se inserta en un clima de escrutinio sobre la integridad de las instituciones públicas y los procesos judiciales en el gigante sudamericano, en un momento donde las pesquisas de corrupción política copan los titulares como cuando se reveló que investigan una red de filtraciones en Brasil ligada al caso de Flávio Bolsonaro y se detiene a exdirectivos judiciales.
Desde el portal institucional del Tribunal Superior Electoral de Brasil, los magistrados recalcaron que ninguna corporación multinacional puede operar en territorio brasileño al margen de las leyes que tutelan la soberanía popular y la igualdad en el debate democrático.
Por su parte, portavoces de Meta Platforms indicaron que respetan las determinaciones del poder judicial tras la multa a Meta en Brasil y aseguraron que continuarán perfeccionando sus mecanismos de respuesta técnica para cumplir con los requerimientos legales en los procesos electorales de la región.
La millonaria sanción impuesta por el TSE refuerza la tendencia internacional hacia una regulación más estricta de los algoritmos de redes sociales durante las campañas electorales para proteger los comicios de la desinformación y la falta de transparencia.
Organismos internacionales de derechos digitales observan este proceso como un precedente relevante sobre la responsabilidad de los gigantes tecnológicos en la supervisión de sus algoritmos recomendadores durante comicios presidenciales y la exigencia de transparencia técnica ante órganos judiciales.
