La denuncia por ecocidio de la Fundación La Iguana, dirigida hacia una empresa vinculada a la primera dama, Lavinia Valbonesi, ha desencadenado un escrutinio profundo sobre la gestión del Gobierno en un proyecto inmobiliario en Olón, Santa Elena. La solicitud de interpelación a la ministra del Ambiente, Sade Fritschi Naranjo, por los permisos ambientales otorgados, ha avivado aún más las llamas de la controversia.
El rol del Presidente y la Primera Dama
El proyecto inmobiliario en Olón ha puesto bajo la lupa a figuras clave del Gobierno. Las denuncias de fundaciones ambientalistas, como La Iguana, han colocado al presidente Daniel Noboa y a la primera dama, Lavinia Valbonesi, en el epicentro de las críticas por el supuesto “ecocidio al ecosistema del manglar”.
Detalles del proyecto: ‘Echo Olón’
‘Echo Olón’, el proyecto en cuestión, se define como un conjunto urbanístico y arquitectónico que incluye edificaciones de cuatro plantas, unidades de vivienda, áreas sociales, y acceso a la playa, entre otras instalaciones. Sin embargo, la controversia se centra en la intervención ambiental que implica, incluida la tala de algarrobos y la alteración del estero.
Vínculos con el Gobierno y ADN
La documentación revela conexiones entre la empresa responsable y altos funcionarios del Gobierno y el partido Acción Democrática Nacional (ADN). La primera dama figura como socia principal de la empresa, mientras que ministros como Roberto Luque y Mónica Palencia también están relacionados con el proyecto.
La Ministra del Ambiente en el foco
La solicitud de comparecencia de la ministra del Ambiente, Sade Fritschi, ante la Asamblea Nacional, evidencia la gravedad de las acusaciones. Organizaciones ambientales y la denuncia por delitos contra la flora y fauna silvestre han impulsado esta acción, exigiendo explicaciones sobre los permisos otorgados durante su gestión.
Respuestas del Gobierno y contrargumentos
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia (Secom) ha emitido una respuesta ante las denuncias, destacando que el proyecto cumplió con los parámetros legales y que los permisos fueron tramitados durante la gestión anterior. Sin embargo, las críticas persisten y se demanda una mayor transparencia y rendición de cuentas.
El presidente de la Comuna de Olón, John Reyes Reyes, reconoce el ecocidio que implica el proyecto y exige una socialización completa del mismo con la comunidad. La tala de algarrobos y la afectación al ecosistema han generado preocupación y un llamado urgente a la participación ciudadana en decisiones que impactan el medio ambiente.
El proyecto inmobiliario en Olón no solo ha desatado cuestionamientos sobre la transparencia del Gobierno, sino que también ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor participación ciudadana y una gestión ambiental responsable. Mientras las acusaciones y contrargumentos se enfrentan, la comunidad espera respuestas claras y acciones concretas para proteger su entorno natural.
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