Desde las 10:09 del martes el Concejo Metropolitano de Quito ha iniciado el análisis de un proyecto crucial: la Ordenanza para el control del Servicio de Entregas a Domicilio–Delivery. Esta propuesta, originalmente planteada por la concejal Analía Ledesma García en 2020 y respaldada este año por el alcalde Pabel Muñoz López. Lo que busca es establecer directrices claras para los repartidores que operan en motocicletas en la capital ecuatoriana.
Condiciones y normativas propuestas
La ordenanza propuesta busca implementar condiciones rigurosas, incluyendo el censo y registro obligatorio para todos los trabajadores del servicio de entrega. Uno de los puntos más debatidos es la obligatoriedad de retirarse el casco al ingresar a urbanizaciones, viviendas o restaurantes. Esta es una medida destinada a mejorar la seguridad y facilitar la identificación visual de los repartidores.
Se insiste en el cumplimiento estricto de las normas de tránsito, como la prohibición del transporte de más de dos personas en una moto. El uso de accesos biométricos para verificación de identidad y la instalación de un botón de emergencia certificado por las plataformas tecnológicas que operan este servicio.
Debate y perspectivas futuras
La falta de regulación específica para las entregas a domicilio mediante motocicletas ha generado preocupaciones en la Comisión de Movilidad de Quito. Según Ledesma, es crucial evaluar la inclusión de estas modalidades en el Reglamento de la Ley de Tránsito, asegurando que tanto los repartidores como las plataformas tecnológicas cumplan con estándares adecuados de seguridad y operación.
El debate en el Concejo Metropolitano, busca consensuar las disposiciones que garantizarán un servicio de delivery seguro y eficiente en la ciudad. La comunidad espera que esta ordenanza no solo regule el presente, sino que también siente las bases para un desarrollo ordenado y sostenible del servicio de entregas.
Este proyecto refleja el compromiso de las autoridades locales por mejorar la convivencia urbana y asegurar la integridad tanto de los repartidores como de los ciudadanos que utilizan estos servicios a diario.
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