En Ecuador, millones de personas enfrentan una realidad compleja cuando necesitan financiamiento: no califican para obtener un préstamo en bancos o cooperativas debido a la falta de historial crediticio o a antecedentes de mora. Como consecuencia, muchos terminan recurriendo a familiares, amigos o, en los casos más preocupantes. Al mercado informal de préstamos, donde las condiciones suelen ser abusivas y representan un alto riesgo para la estabilidad económica de los hogares.
Ante este escenario, surge una propuesta que comienza a ganar espacio en el debate económico nacional: la creación de una tasa de inclusión financiera, un mecanismo que permitiría a personas actualmente excluidas del sistema financiero formal acceder a créditos regulados, bajo condiciones diseñadas para su perfil de riesgo.
La iniciativa busca atacar uno de los principales problemas estructurales del sistema financiero ecuatoriano: la baja inclusión crediticia. Según datos del Global Findex 2025 del Banco Mundial, apenas el 16,1% de los ecuatorianos obtuvo un préstamo de una institución financiera formal durante 2024. Esto significa que menos de dos de cada diez personas accedieron a financiamiento regulado, mientras la mayoría quedó fuera del sistema.
Millones de ecuatorianos continúan excluidos del crédito formal
El acceso al crédito es una herramienta fundamental para impulsar emprendimientos, financiar estudios, enfrentar emergencias médicas, adquirir bienes o fortalecer actividades productivas. Sin embargo, una gran parte de la población ecuatoriana no puede acceder a estos recursos debido a las exigencias tradicionales del sistema financiero.
Actualmente, los bancos y cooperativas evalúan principalmente el historial crediticio de los solicitantes para determinar si son sujetos de crédito. Quienes nunca han tenido un préstamo formal o presentan registros de incumplimiento suelen ser rechazados automáticamente.
Esta situación genera una barrera importante para miles de ciudadanos que, pese a tener capacidad de pago o ingresos estables, no logran cumplir los criterios tradicionales de evaluación financiera.
Cuando estas personas necesitan dinero de forma urgente, muchas veces terminan recurriendo a mecanismos alternativos fuera del sistema regulado. En algunos casos reciben apoyo familiar, pero en otros terminan acudiendo a prestamistas informales conocidos popularmente como «chulqueros».
El problema es que estos mecanismos suelen operar sin supervisión estatal. Sin garantías para los usuarios y con costos extremadamente elevados que pueden agravar aún más la situación financiera de quienes solicitan el dinero.
La propuesta plantea una nueva categoría de crédito
La tasa de inclusión financiera busca precisamente crear un nuevo segmento de crédito destinado a personas consideradas de mayor riesgo por el sistema tradicional.
La idea consiste en permitir que entidades financieras reguladas puedan ofrecer productos específicamente diseñados para clientes que actualmente son excluidos por falta de historial crediticio o por antecedentes de mora.
Quienes impulsan esta propuesta sostienen que prestar a estos segmentos implica mayores riesgos para las instituciones financieras. Por lo que, sería necesario establecer una tasa diferenciada que permita cubrir esos riesgos y garantizar la sostenibilidad del modelo.
No obstante, los promotores enfatizan que el objetivo no es encarecer el crédito de manera injustificada, sino ofrecer una alternativa formal. Regulada a personas que hoy no tienen ninguna posibilidad de financiamiento dentro del sistema financiero tradicional.
Además, este modelo permitiría que entidades especializadas desarrollen productos innovadores para atender a un mercado que actualmente existe. Pero que permanece desatendido por la banca convencional.
Empresas fintech que ya operan en varios países de América Latina consideran que este segmento representa una oportunidad para ampliar la inclusión financiera utilizando metodologías más modernas de evaluación de riesgos.
Nuevas formas de evaluar a los solicitantes
Uno de los aspectos más innovadores de la propuesta es que plantea superar la dependencia exclusiva del historial crediticio tradicional como criterio para otorgar préstamos.
En diversos países de la región ya se utilizan sistemas alternativos que analizan otros tipos de información para evaluar el comportamiento financiero de una persona.
Entre los datos que podrían ser considerados están los pagos digitales, el comportamiento en plataformas electrónicas, el uso de servicios móviles. Las transacciones digitales recurrentes y otros indicadores que permitan construir perfiles de riesgo más precisos.
Este enfoque podría beneficiar especialmente a jóvenes, trabajadores independientes, emprendedores informales y personas que nunca han tenido acceso a productos financieros tradicionales.
La utilización de tecnología y análisis de datos permitiría ampliar la base de potenciales beneficiarios sin depender exclusivamente de los registros históricos de crédito.
Una alternativa frente al crecimiento del mercado informal
Uno de los principales argumentos a favor de la tasa de inclusión financiera es la necesidad de reducir la dependencia del mercado informal de préstamos.
Según datos citados por especialistas del sector, las tasas de interés aplicadas por prestamistas informales pueden superar el 1.200% anual, generando graves problemas económicos para quienes recurren a este tipo de financiamiento.
A diferencia del crédito informal, el sistema financiero regulado opera bajo normas de transparencia, protección al consumidor y supervisión estatal, ofreciendo mayores garantías para los usuarios.
Por ello, los defensores de la propuesta consideran que incluso una tasa de interés superior a la de los créditos convencionales seguiría siendo una opción mucho más segura y económica que acudir a mecanismos ilegales o informales.
El objetivo final es reducir la brecha de acceso al financiamiento y ofrecer alternativas legales a millones de ecuatorianos que actualmente no encuentran respuesta dentro del sistema financiero formal.
El debate avanza en la Asamblea Nacional
La propuesta también coincide con las discusiones que actualmente se desarrollan en la Asamblea Nacional en torno a posibles reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero.
Entre los temas analizados figura precisamente la creación de mecanismos que permitan ampliar el acceso al crédito para personas sin historial financiero verificable o con antecedentes de incumplimiento.
Los legisladores, organismos financieros y representantes del sector privado analizan diferentes alternativas para fomentar la inclusión financiera sin comprometer la estabilidad del sistema bancario.
La discusión se centra en encontrar un equilibrio entre ampliar las oportunidades de financiamiento para sectores tradicionalmente excluidos y mantener adecuados controles de riesgo para proteger tanto a las instituciones financieras como a los usuarios.
Inclusión financiera como motor de desarrollo económico
Para los especialistas, el verdadero debate tras esta propuesta va más allá de las tasas de interés. Se trata de definir cómo incorporar a millones de ciudadanos al sistema financiero formal y brindarles oportunidades de crecimiento económico.
La inclusión financiera es considerada una herramienta clave para impulsar el emprendimiento. Fortalecer los pequeños negocios, reducir la informalidad y mejorar las condiciones de vida de la población.
Mientras exista una demanda insatisfecha de crédito y no se generen alternativas formales para atenderla, el mercado informal seguirá encontrando espacio para crecer.
Por ello, la creación de una tasa de inclusión financiera aparece como una de las opciones que podrían transformar el acceso al crédito en Ecuador, permitiendo que más personas ingresen al sistema financiero y accedan a oportunidades que hoy permanecen fuera de su alcance.
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