Manuel Dávila, director de logística del Comando Conjunto, reveló en una entrevista con KCH FM Radio y KCH TV que aún no se ha implementado el programa de porte de arma para la población civil en Ecuador. Se espera que en las próximas semanas llegue la primera importación de armas destinadas al uso civil.
La tenencia y el porte de armas como medida para combatir la inseguridad se permiten en Ecuador desde el 1 de abril de 2023, cuando el presidente Guillermo Lasso emitió el Decreto 707. Sin embargo, hasta la fecha no se ha otorgado ninguna arma a la población civil.
El 14 de abril, el Ministerio de Defensa emitió un Acuerdo Ministerial que establece los requisitos y pautas para que los ciudadanos soliciten y utilicen un arma para su autodefensa.
El general Manuel Dávila, director de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Jefe de Control de Armas, explicó que se llevará a cabo un exhaustivo proceso de revisión y capacitación de las personas antes de permitirles portar un arma, para que comprendan la “responsabilidad” que implica.
En cuanto al costo que deberán asumir los ciudadanos para obtener el permiso de porte de armas, Dávila estimó que oscilará entre $1.200 y $1.500, considerando el costo del arma, que varía según el modelo, la marca y el origen; el costo de los exámenes psicológicos y médicos; el costo del curso de capacitación, que dura aproximadamente dos semanas; y el costo del permiso emitido por Control de Armas, que equivale al 15% del salario mínimo unificado.
Dávila confirmó que, desde la emisión del Decreto 707, aún no se han emitido permisos de porte de armas para el uso civil, ya que estaban finalizando los procedimientos y esperando que llegara el primer lote de armas por parte de los importadores.
El proceso para solicitar un permiso de porte de armas se estima que llevará alrededor de 60 días, durante los cuales los solicitantes deberán superar pruebas psicológicas, psiquiátricas, toxicológicas y completar la capacitación requerida.
Todos los requisitos y procedimientos están disponibles en la página de Control de Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
En cuanto a la evaluación psicológica, Dávila mencionó que existen 457 profesionales certificados por el Ministerio de Salud Pública, quienes deben llevar a cabo al menos tres sesiones antes de otorgar el certificado correspondiente. También se han identificado 1.200 establecimientos donde se pueden realizar las pruebas toxicológicas de sangre y orina necesarias.
Dávila subrayó que el porte de armas en Ecuador no es un derecho libre, sino una medida restringida debido a la gran responsabilidad que conlleva. Además, destacó que los centros de capacitación necesitan armas para poder brindar la instrucción adecuada a los ciudadanos interesados.
Desde la emisión del Decreto 707, ha habido diversas críticas y preocupaciones en varios sectores del país, incluidos políticos y defensores de los derechos humanos, quienes argumentan que esta medida no aborda efectivamente el problema de la inseguridad.
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