La Policía Nacional, en un controvertido movimiento, quemó varias pruebas que estaban relacionadas con una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Es decir, la policía quemó las evidencias críticas vinculadas a este caso. Esta investigación incluía a cinco familiares de Adolfo Macías Villamar, conocido como ‘Fito’, quien es el líder del grupo criminal Los Choneros. La quema de estos documentos fue autorizada por un juez, pero ha causado muchas dudas sobre cómo se está manejando este caso en el sistema de justicia de Ecuador.
Algunas personas creen que la policía quemó las pruebas de forma polémica. La destrucción de estos documentos fue ordenada por la jueza Zoila Véliz, de la Unidad Judicial Penal de Manta, el 12 de febrero de 2025. Esta decisión se tomó porque la Policía Nacional pidió formalmente que se definiera qué hacer con las pruebas que tenían guardadas.
El 27 de enero de ese mismo año, la Policía pidió a la jueza que decidiera qué hacer con esos indicios, que estaban bajo cuidado especial para asegurar que no fueran manipulados.
Qué evidencias fueron destruidas
Los objetos que quemaron incluían documentos muy importantes para entender qué pasó realmente. Entre ellos había escrituras de propiedades, documentos de empresas, talonarios de facturas, actas notariales, teléfonos celulares, computadoras portátiles y partes de computadoras de escritorio. También quemaron una copia del acta de matrimonio entre Inda P. y ‘Fito’. Todos estos materiales se recogieron durante siete registros que hicieron en casas y oficinas desde julio de 2020 y en los años siguientes.
La quema se hizo el 19 de marzo de 2025, en un lugar especial de la Policía llamado Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y Económico (Undecof). Cuatro policías estuvieron presentes para supervisar todo el proceso: expertos, investigadores y custodios. Para quemar las pruebas usaron un pequeño contenedor de metal, parecido a un tanque de agua, que sirvió como cámara para la quema. Así, la policía destruyó las pruebas que habían juntado.
¿Por qué se quemaron las pruebas?
La razón legal para quemar las pruebas se basó en un informe de Undecof, que mencionaba el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este artículo dice que las pruebas que no tengan valor importante para el caso deben ser eliminadas en un máximo de tres meses. Como el caso ya había sido cerrado por la justicia, se dijo que esas pruebas ya no servían para nada en el proceso legal. Pero cuando la policía quemó las evidencias, muchas personas criticaron esta acción.
La investigación comenzó enfocándose en la esposa de ‘Fito’, su papá, un hermano, dos cuñados y también en dos empresas relacionadas. Sin embargo, el 23 de diciembre de 2020, un juez de Manta decidió cerrar el caso para estas personas porque la Fiscalía no mostró pruebas suficientes para seguir con la acusación formal.
¿Qué ocurrió con el caso de enriquecimiento ilícito?
El caso de enriquecimiento ilícito pasó antes del llamado “caso Blanqueo Fito”, en el que en junio de 2025 fueron detenidos seis familiares del líder del grupo criminal por presunto lavado de dinero. Aunque en el primer caso no hubo castigo penal, la Fiscalía mantuvo la investigación contra los familiares durante varios años, pero nunca logró llevar el caso a juicio porque no encontró pruebas fuertes.
Después de que se cerró el caso (sobreseimiento), la Fiscalía intentó que la decisión fuera cambiada y usó todos los recursos legales que pudo, pero no tuvo éxito. Al final, los familiares de Macías Villamar no solo quedaron fuera del proceso penal, sino que también pidieron que toda la información relacionada con este caso fuera borrada de los archivos públicos de la justicia.
Repercusiones y preguntas sin respuesta
La destrucción de evidencias sensibles y su posterior ocultamiento del archivo público han generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso judicial. Aunque está respaldada por disposiciones normativas, la decisión de incinerar documentos que podrían ser relevantes en investigaciones posteriores —como la de lavado de activos— siembra dudas sobre el real compromiso institucional. Estas dudas se relacionan con la lucha contra el crimen organizado.
Este episodio se da en medio de un contexto de creciente presión social y política para desarticular las estructuras financieras de organizaciones criminales. Organizaciones como Los Choneros han ampliado su influencia en distintas esferas del país.
Fuente: Teleamazonas.
Te puede interesar:
La industria del calzado en Ecuador enfrenta una crisis profunda: Ha perdido más de USD 30 millones
