- El asambleísta Xavier Lasso advirtió que las reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial permitirían destituir alcaldes.
- La Asamblea Nacional debatirá el proyecto en el pleno.
- Varios sectores consideran que estos cambios alteran el equilibrio institucional.
El asambleísta Xavier Lasso advirtió que las reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial permitirían destituir alcaldes. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial tendría esa facultad. El legislador alertó que esto afectaría la autonomía de los municipios en Ecuador.
Cambios legales generan preocupación
La Asamblea Nacional debatirá el proyecto en el pleno. La propuesta incluye nuevas funciones para la Superintendencia. Esta entidad podrá sancionar a autoridades locales cuando detecte incumplimientos.
Varios sectores consideran que estos cambios alteran el equilibrio institucional. Temen que el control del Gobierno central aumente sobre los municipios.
Xavier Lasso denuncia falta de debate
Xavier Lasso criticó el proceso en la Comisión de Gobiernos Autónomos. Señaló que no hubo suficiente debate. También indicó que se añadieron aportes del Ministerio de Vivienda sin análisis previo.
El informe se aprobó con votos divididos. Esta situación generó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Mayor control sobre el uso de suelo
La Superintendencia deberá actuar en un plazo máximo de un mes. Recibirá informes sobre posibles infracciones. Luego iniciará procesos de control.
También revisará los planes territoriales. Verificará si cumplen con el Plan Nacional de Desarrollo. Si detecta fallas, aplicará sanciones.
Xavier Lasso advierte impacto en municipios
Xavier Lasso aseguró que las reformas debilitan la gestión local. Explicó que limitan la capacidad de decisión de los concejos municipales. Esto afecta el manejo del uso de suelo.
Además, advirtió sobre posibles presiones políticas. Considera que la destitución de alcaldes podría usarse como herramienta de control.
Sanciones y plazos de adaptación
Las reformas incluyen nuevas multas. Las infracciones leves tendrán sanciones de hasta 20 salarios básicos. Las faltas graves implicarán pagos del 3 % del presupuesto municipal.
El proyecto también fija plazos para ajustes normativos. Los municipios deberán adaptarse entre seis meses y un año.
Este escenario abre un debate sobre el alcance de las reformas. También plantea dudas sobre su impacto en la autonomía local y la gobernabilidad en el país.
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