- El Tribunal de Apelación de Pichincha delibera tras la audiencia de apelación en el caso Pruebas PCR.
- La Fiscalía pide revertir el fallo de primera instancia que declaró inocentes a Jorge Yunda y 13 procesados.
- El proceso penal investiga el presunto delito de peculado en un contrato municipal por 4,2 millones de dólares.
- Los magistrados revisan 54 cuerpos procesales en medio del calendario hacia los comicios seccionales.
Los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, integrados por los magistrados Maritza Romero (jueza ponente), Miguel Narváez y Xavier Barriga, mantienen en fase de deliberación la resolución definitiva que ratificará o rechazará la sentencia de primera instancia que confirmó el estado de inocencia del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y de otros trece exfuncionarios y contratistas procesados por presunto peculado en la adquisición de 100.000 pruebas para detección de COVID-19 en 2020.
La deliberación del tribunal de alzada se instaló tras la culminación de dos jornadas continuas de audiencia de fundamentación de recursos, en las cuales se confrontaron las dos tesis procesales antagónicas. Por un lado, la Fiscalía General del Estado insistió en la nulidad o revocatoria del fallo absolutorio emitido en septiembre de 2025; por el otro, los abogados defensores exigieron confirmar la inocencia irrestricta de los imputados, en un entorno político municipal donde el cabildo también enfrenta tensiones por la administración de la ciudad tras los fuertes altercados entre concejales de Quito.
Los argumentos de Fiscalía y el reclamo de las defensas técnicas
Durante su intervención oral, la fiscal provincial de Pichincha, Alexandra Zurita, sustentó la impugnación acusatoria señalando que el Tribunal de Juicio inicial vulneró garantías al no admitir testimonios anticipados de peritos e investigadores técnicos de la Universidad de Las Américas (UDLA). La representante del Ministerio Público demandó una valoración integral de los informes periciales, alegando que el Municipio de Quito habría recibido pruebas con especificaciones técnicas distintas a las pactadas originalmente en el contrato de emergencia por 4,2 millones de dólares suscrito durante el confinamiento sanitario de abril de 2020.
En contraparte, las defensas de los catorce procesados sostuvieron que la acusación fiscal careció de sustento probatorio idóneo para quebrantar el principio constitucional de inocencia. Recordaron que en el juicio oral del 22 de septiembre de 2025, los jueces José Jiménez, Lady Ávila y Dilza Muñoz determinaron que no existió perjuicio económico para el erario metropolitano, que los reactivos entregados cumplieron su función de diagnóstico epidemiológico, que no hubo distracción de fondos públicos y que la Fiscalía no acreditó la existencia de dolo penal, según consta en los registros públicos de la Función Judicial del Ecuador.
Declaraciones de Jorge Yunda y alcance del expediente
El exburgomaestre capitalino Jorge Yunda defendió la transparencia de la contratación municipal y recalcó que los reactivos se consiguieron a costos inferiores al promedio del mercado de insumos médicos de la época. “La Fiscalía no ha tenido más argumentos jurídicos. No nos han encontrado un solo dólar malhabido ni han demostrado irregularidades en las pruebas diagnósticas”, aseveró el exfuncionario ante los medios de comunicación en los exteriores de la sede judicial.
Junto a Yunda, el proceso involucra a excolaboradores como Ximena Abarca, exsecretaria de Salud del Municipio; Linda Guamán, excoordinadora técnica municipal; y los ciudadanos Lenin Mantilla, Juan Alejandro Vinelli, Juan Enrique Buchelli, José Morales, Diego Salazar, Iván Manzano, Jéssica Cárdenas, Sandra Hidalgo, Erick Andrade, Simón Narciso Valencia y Marco Antonio Rubio, conforme a la cobertura de El Universo. La Sala advirtió que la redacción del fallo tomará varias semanas debido a que deben revisar minuciosamente los 54 cuerpos que componen el expediente judicial.
Impacto político de cara a las elecciones seccionales
La resolución del recurso de apelación adquiere una notable trascendencia para el tablero político de la capital ecuatoriana. Tras haber sido removido de la Alcaldía de Quito en junio de 2021 por decisión del Concejo Metropolitano, Yunda formalizó su candidatura para disputar nuevamente la dirección del Municipio en las próximas elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre, un proceso electoral donde los organismos de control mantienen vigilancia estricta tras la resolución del Tribunal Contencioso Electoral sobre figuras públicas.
Al no contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada en última instancia, Yunda y los demás exfuncionarios conservan el pleno goce de sus derechos políticos y de participación ciudadana tutelados por la Constitución de la República del Ecuador y supervisados por el Consejo Nacional Electoral. La expectativa ciudadana permanece concentrada en el pronunciamiento definitivo de la Corte de Pichincha para cerrar un caso judicial de alta notoriedad que lleva más de seis años en litigio.
