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Corte de Guayas ratifica condena de 3 años a Aquiles Álvarez en caso Grillete

Alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez durante audiencia penal

Actualizada:

3 min de lectura
  • Tribunal de la Corte del Guayas rechazó el pedido de nulidad y ratificó la condena de tres años a Aquiles Álvarez.
  • Los jueces Franco, Díaz y Aguilar negaron los recursos de aclaración y confirmaron la sentencia en el caso Grillete.
  • La resolución ratifica la suspensión de los derechos de participación política del alcalde mientras purga la pena.
  • El burgomaestre cumple prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro por la trama investigativa del caso Triple A.

El panorama judicial que rodea al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Henriques, sumó un nuevo revés en las cortes ordinarias. El Tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazó por unanimidad el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del burgomaestre y ratificó en todas sus partes la sentencia condenatoria de tres años de prisión dictada en su contra dentro del denominado caso Grillete, por el delito de retiro y manipulación no autorizada de dispositivo de vigilancia electrónica.

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La resolución judicial, suscrita por los magistrados Rosario Franco Jaramillo, Demóstenes Díaz Ruilova y Olga Martina Aguilar Romero, desestimó los alegatos de indefensión y vicios de procedimiento procesal presentados por el abogado defensor Julio César Cueva. Asimismo, los jueces atendieron y negaron las solicitudes de aclaración y ampliación, dejando en firme el fallo condenatorio dictado en primera instancia por el tribunal penal de juzgamiento.

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Suspensión de derechos políticos e implicaciones en el Cabildo de Guayaquil

La ratificación de la condena de tres años ratifica además la inhabilitación y suspensión de los derechos de participación política de Aquiles Álvarez durante el tiempo de cumplimiento de la pena privativa de libertad, de conformidad con lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta condición legal formaliza el escenario de ausencia definitiva en el sillón de Olmedo, allanando el camino para la consolidación de la sucesión administrativa en el Municipio de Guayaquil.

El fallo se conoce en una coyuntura crítica para el mandatario seccional, quien además permanece bajo orden de prisión preventiva por presunto almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos en el caso Triple A, luego de que las autoridades penitenciarias dispusieran que Aquiles Álvarez retorna a la Cárcel del Encuentro tras recibir el alta médica en un centro clínico privado.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) y la Policía Judicial fueron notificados con el fallo ejecutoriado para que procedan con la liquidación formal de las penas impuestas.

Los abogados defensores de Álvarez anunciaron que acudirán a la Corte Nacional de Justicia para interponer un recurso extraordinario de casación, aunque dicho recurso de última instancia no suspende la ejecución de las medidas cautelares privativas de libertad dictadas por los juzgados provinciales.

La resolución de la Corte del Guayas marca un precedente determinante en la fiscalización de las medidas alternativas a la prisión preventiva, cerrando un proceso penal que mantuvo en vilo la institucionalidad municipal guayaquileña.

El Concejo Municipal de Guayaquil deberá sesionar para formalizar la titularidad del cargo de alcalde de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), garantizando la continuidad de las obras y servicios públicos de la ciudad.

Concejales de diversas bancadas han manifestado que la prioridad del cuerpo edilicio consiste en mantener el despacho regular de los trámites ciudadanos, el mantenimiento de los servicios de saneamiento básico y la ejecución del presupuesto de obras públicas sin paralizaciones derivadas de los litigios penales del alcalde.

El sector empresarial guayaquileño también exhortó a las autoridades municipales a actuar con celeridad institucional para otorgar certeza jurídica a los convenios de desarrollo productivo y alianzas de inversión en la urbe porteña.

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