TCE tramita denuncias por precampaña mientras CNE no contrata monitoreo

Con la instalación de una extensa audiencia oral de pruebas de más de cinco horas en la causa contra el candidato a alcalde de Quito, Jorge Yunda, y la aspirante a la Prefectura de Pichincha, Carla Cevallos, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) empezó a tramitar este miércoles 7 de octubre de 2026 una seguidilla de denuncias por presunta campaña electoral anticipada y entrega indebida de dádivas previas a los comicios seccionales.

Durante la diligencia judicial, los defensores de los postulantes por el movimiento político Avanza rechazaron que los espectáculos públicos denominados «Risoterapia» hubiesen constituido actos de proselitismo político anticipado. Por su parte, la defensa de la denunciante Dominique Álvarez demandó la imposición de la sanción máxima, argumentando que los eventos promovieron indebidamente el nombre, la imagen y la voz de los candidatos en contravención a los plazos legales, en un escenario donde aumentan las denuncias electorales ante el CNE y TCE. El juez ponente Ángel Torres anunció que emitirá su sentencia de primera instancia en los próximos días.

CNE no contrata el servicio de monitoreo y deja vacíos de control

El incremento de litigios en la sede del contencioso electoral ocurre en medio de cuestionamientos recurrentes de organizaciones ciudadanas y veedurías políticas, las cuales advierten que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no contrata el servicio de monitoreo especializado de medios de comunicación convencionales ni de plataformas digitales. Esta carencia técnica impide que el órgano administrativo electoral ejerza una fiscalización preventiva y de oficio sobre la propaganda difundida antes del periodo oficial de campaña.

Al no contar con un sistema de monitoreo en tiempo real, el CNE no dispone de registros automatizados ni de informes técnicos concluyentes para imputar de manera inmediata los costos de vallas, cuñas, transmisiones en vivo y anuncios pautados en redes sociales a los límites de gasto electoral de los sujetos políticos. En la práctica, la falta de contratación de este servicio traslada toda la carga probatoria a los denunciantes particulares, saturando los despachos judiciales del TCE con quejas fragmentadas y generando vacíos normativos que favorecen la proliferación de actos de precampaña encubiertos.

Denuncias por dádivas en Esmeraldas y causas en otras provincias

Hasta este 7 de octubre, el sistema informático del TCE registraba al menos siete denuncias en firme vinculadas a infracciones electorales de precampaña. Entre las más recientes figura la querella interpuesta el 6 de octubre por el exasambleísta Linder Altafuya (Unidad Popular) en contra de la candidata a la Alcaldía de Esmeraldas por Acción Democrática Nacional (ADN), Roberta Zambrano.

A Zambrano se le imputa la presunta entrega de donaciones, obsequios y dádivas no autorizadas a ciudadanos durante actividades proselitistas, acusación que la candidata oficialista ha desmentido enfáticamente tras solicitudes de investigación formuladas ante el organismo electoral.

Paralelamente, el tribunal fijó para el 28 de octubre la audiencia de juzgamiento contra la alcaldesa de Yaguachi, Viviana Olivares (postulante a la reelección por el PSC), y procesa un expediente contra el vicealcalde de ese cantón, Julio Ramón Chila Morán. En Santo Domingo de los Tsáchilas, las candidatas Lady Cedeño Moreira y Liliana Silva Galeas (Unidad Popular) enfrentan diligencias programadas para el 22 de octubre.

De acuerdo con el Código de la Democracia, la campaña anticipada califica como una infracción electoral grave, pasible de multas que oscilan entre seis y 10 salarios básicos unificados (de USD 2.892 a USD 4.820), la destitución del cargo público y la suspensión de los derechos de participación política por un lapso de hasta seis meses.