- El informe oficial consolida daños registrados en 23 de las 24 provincias en los últimos 60 días.
- Las correntadas, deslaves y desbordamientos fluviales afectan a más de 32.700 ciudadanos en el país.
- La entidad de socorro reporta 18 víctimas mortales y cuantiosas pérdidas en cultivos e infraestructura.
- Los legisladores exigen mayor celeridad en la entrega de bonos de contingencia y maquinaria pesada.
En una comparecencia de fiscalización ante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral del Parlamento, el titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos presentó el balance oficial de emergencias climáticas. El informe reveló la severa magnitud del impacto de El Niño en Ecuador durante el último bimestre, confirmando que las precipitaciones anómalas han golpeado a 23 de las 24 provincias del territorio nacional, dejando un saldo de más de 32.700 personas afectadas y 18 fallecidos.
Balance legislativo y cifras del impacto de El Niño en Ecuador
Durante la exposición desarrollada este miércoles 4 de noviembre de 2026 en Quito, las autoridades de socorro explicaron que las cuencas fluviales de la Costa y de las estribaciones de la cordillera andina experimentan saturación hídrica crítica. Provincias como Manabí, Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro concentran el mayor número de damnificados debido a la concurrencia de marejadas, pleamares y torrenciales aguaceros.
De acuerdo con el desglose técnico de la Secretaría de Gestión de Riesgos, las brigadas humanitarias han activado más de 45 alojamientos temporales y coordinado la distribución de raciones alimenticias, vituallas y tanques de agua potable para familias que perdieron sus pertenencias en zonas rurales anegadas.
El informe detalló que más de 8.400 viviendas registran daños estructurales por filtraciones y socavamiento de cimientos, mientras que 142 centros de salud comunitaria y unidades educativas reportaron suspensión parcial de actividades presenciales debido al colapso de redes de drenaje en recintos costeros.
La actividad fiscalizadora de la mesa parlamentaria se enmarca en la agenda de control político permanente, como se demostró cuando Ecuador y Costa Rica avanzan en el trámite legislativo de extradición penal en las distintas comisiones de trabajo institucional del Palacio Legislativo.
Reclamos parlamentarios por demoras en la asistencia rural
Asambleístas de diversas bancadas cuestionaron la lentitud en la canalización de recursos financieros hacia los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) cantonales y parroquiales. Representantes de la bancada costera denunciaron que decenas de puentes carrozables y caminos vecinales permanecen cortados por deslizamientos de tierra, aislando a pequeños agricultores arroceros y cacaoteros en recintos de difícil acceso.
En su intervención ante los legisladores de la Asamblea Nacional, el secretario de Estado argumentó que las limitaciones presupuestarias han sido amortiguadas mediante convenios de cooperación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el alquiler de volquetes para dragar esteros desbordados en las zonas bajas.
Asimismo, los informes técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) presentados en la sesión proyectan que la intensidad de las lluvias continuará en niveles altos durante las próximas semanas, lo que exige declarar en sesión permanente a los comités cantonales de operaciones de emergencia (COE).
Los legisladores advirtieron que la pérdida de más de 12.000 hectáreas de cultivos de ciclo corto en la cuenca baja del río Guayas amenaza con encarecer la canasta básica familiar en los mercados mayoristas de Guayaquil y Quito, reclamando la refinanciación inmediata de créditos agrícolas con la banca pública.
Planes de mitigación y exigencia de fondos de contingencia
La comisión legislativa acordó emitir una resolución exigiendo al Ministerio de Economía y Finanzas la transferencia inmediata de asignaciones pendientes a los municipios declarados en emergencia y la activación universal del bono de contingencia para las familias damnificadas.
Los asambleístas reiteraron que la prevención y el mantenimiento oportuno de colectores pluviales salvan vidas, demandando que los planes de reconstrucción no se concentren únicamente en la respuesta asistencial posterior al desastre, sino en obras hidráulicas de fondo con dragados y muros de escollera.
El Estado ecuatoriano afronta una prueba decisiva para coordinar sus instituciones y proteger a las poblaciones vulnerables frente a uno de los episodios climáticos más severos de la última década en el país.
Coordinación territorial y fiscalización de obras hidráulicas
Durante la comparecencia legislativa, los representantes de las provincias costeras demandaron que las asignaciones presupuestarias se concentren en la limpieza y desazolve de canales de riego y albarradas agrícolas antes de que se intensifiquen los picos de pluviosidad pronosticados para el primer trimestre del próximo año. La falta de drenajes adecuados en recintos arroceros amenaza con agravar la pérdida de cosechas y arruinar a pequeños campesinos.
El Parlamento acordó crear una subcomisión de seguimiento que recorrerá las zonas más vulnerables de la cuenca del Guayas y Manabí para constatar que la maquinaria pesada del Ministerio de Obras Públicas y de los municipios esté operando de manera efectiva en el reforzamiento de bordos y defensas ribereñas frente a la crecida de los ríos.
