- La mesa legislativa de Relaciones Internacionales tramita el tratado de extradición suscrito con Costa Rica.
- El instrumento binacional consta de 23 artículos que norman la entrega recíproca de procesados y sentenciados.
- El texto cuenta con pronunciamientos favorables de la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado.
- Desde 2021 las autoridades costarricenses concretaron la entrega de dos requeridos por la justicia ecuatoriana.
La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional dio paso a una nueva fase de comparecencias técnicas para el análisis del tratado de extradición bilateral suscrito entre la República del Ecuador y la República de Costa Rica. La iniciativa legislativa busca blindar los canales de asistencia jurídica penal y dotar a ambas naciones de herramientas normativas expeditas para evitar la evasión de procesados por delitos de crimen organizado, narcotráfico y corrupción transnacional.
Comparecencia técnica de la Cancillería ante la Asamblea Nacional
Durante la sesión parlamentaria celebrada este miércoles 4 de noviembre de 2026, delegadas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana detallaron la estructura operativa del convenio. María Auxiliadora Mosquera, directora de Tratados, y Corina Espinoza, directora de Asistencia Judicial Internacional, expusieron ante los legisladores la urgencia de renovar mecanismos de reciprocidad que agilicen las órdenes de detención preventiva con fines de extradición dictadas por magistrados competentes.
Las representantes ministeriales recordaron que el instrumento internacional fue suscrito originalmente en San José el 8 de noviembre de 2021, atravesando posteriormente un riguroso proceso de actualización jurídica. El texto obtuvo previamente los dictámenes favorables de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y de la Fiscalía General del Estado, organismos que determinaron que sus disposiciones guardan plena compatibilidad con la Constitución de la República y los estándares internacionales de derechos fundamentales.
Este esfuerzo de homologación procesal se articula con la estrategia de seguridad regional desarrollada en acuerdos previos, tales como las resoluciones donde Ecuador y siete países de la región firman un acuerdo conjunto contra el crimen organizado, orientados a coordinar esfuerzos fronterizos frente a estructuras delictivas de alcance multilateral.
Estructura jurídica y condiciones del tratado de extradición
El cuerpo normativo del acuerdo bilateral está articulado en 23 artículos formales que definen con precisión la obligación jurídica de entrega mutua de prófugos, supeditada al cumplimiento del principio rector de doble incriminación. Esta regla procesal exige que la conducta imputada constituya un delito sancionado con pena privativa de libertad en las legislaciones internas de ambos Estados solicitantes.
Asimismo, el tratado delimita con claridad las causales obligatorias y facultativas de denegación de solicitudes, garantizando expresamente que no se concederá la entrega de individuos requeridos por infracciones de carácter estrictamente político o faltas conexas. Respecto a los nacionales de cada país, el texto consagra la facultad soberana del Estado requerido para decidir sobre la extradición de sus propios ciudadanos, estableciendo en caso de negativa la obligación ineludible de someter el expediente a juzgamiento penal en sus propios tribunales nacionales.
El articulado incorpora cláusulas de especialidad y reextradición, las cuales impiden que la persona entregada sea enjuiciada o sancionada por delitos previos distintos a los consignados formalmente en la solicitud inicial. Se fijan además plazos perentorios y especificaciones estrictas para la remisión de traducciones, legalizaciones y expedientes probatorios autenticados por la vía diplomática.
Impacto operativo en la lucha contra la impunidad regional
En el marco de la sustanciación legislativa, las funcionarias de la Cancillería del Ecuador informaron que, durante la vigencia de los esquemas consulares previos entre 2021 y 2026, las autoridades de Costa Rica efectuaron la entrega de dos ciudadanos requeridos por los tribunales ecuatorianos. De manera recíproca, la administración de justicia de Ecuador dio trámite formal y concretó la entrega de una persona requerida por las autoridades jurisdiccionales costarricenses.
La comisión parlamentaria, presidida por la legisladora Lucía Jaramillo, continuará recibiendo aportes jurídicos de expertos penalistas y delegados institucionales antes de elaborar el informe técnico para primer debate. Una vez aprobado en la mesa legislativa, el documento será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional para su ratificación parlamentaria, paso indispensable antes de que el Presidente de la República promulgue el decreto de ratificación ejecutiva y se proceda al canje protocolar de notas diplomáticas.
Garantías del debido proceso y derechos fundamentales
Durante el debate parlamentario, los legisladores hicieron hincapié en que el acuerdo incorpora salvaguardas explícitas para impedir la extradición en casos donde existan fundadas sospechas de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas. De igual forma, el instrumento prohíbe la entrega si la persona requerida corre el riesgo de ser sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes en el país requirente.
Los asambleístas de diferentes bancadas coincidieron en que la modernización de los convenios bilaterales de extradición constituye una política de Estado impostergable para desmantelar las redes financieras del narcotráfico internacional que utilizan a Centroamérica y el Pacífico sur como corredores de tránsito. Se prevé que el informe de la mesa legislativa esté listo para conocimiento del pleno antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones de noviembre.
