- Un proyecto en la Asamblea Nacional busca penas de entre 22 y 26 años de prisión para quien recluta menores en actividades delictivas.
- La propuesta modifica 15 normativas vigentes, entre ellas el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
- El texto contiene 62 artículos, una disposición general, seis transitorias y una cláusula final.
- Busca cerrar un vacío legal que hoy permite penas menores para adultos que instrumentalizan a niños en el crimen organizado.
El Pleno de la Asamblea Nacional analiza un proyecto normativo que endurecería de forma drástica las sanciones para quienes reclutan a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos. La propuesta contempla penas de entre 22 y 26 años de reclusión para los adultos que instrumentalizan a menores dentro de estructuras criminales, una de las sanciones más altas contempladas en la legislación penal ecuatoriana para un delito de este tipo.
Una reforma que toca 15 normativas distintas
El proyecto no se limita a una sola reforma puntual: modifica 15 normativas vigentes, entre ellas el Código Orgánico Integral Penal (COIP), para tipificar de manera específica el reclutamiento de menores como un delito autónomo y agravado. El texto completo consta de 62 artículos, una disposición general, seis disposiciones transitorias y una cláusula final, una extensión que refleja la magnitud de los ajustes normativos que buscan sus impulsores.
La iniciativa legal contempla modificaciones profundas a las quince normativas vigentes, estableciendo castigos severos para quienes utilicen a menores de edad como instrumento para la comisión de delitos, desde el microtráfico hasta actividades vinculadas al crimen organizado. El objetivo declarado es cerrar el vacío legal que hoy permite que estos casos se procesen bajo figuras penales con sanciones considerablemente menores a las que se aplicarían a un adulto que actúa por cuenta propia.
Un fenómeno creciente en el país
El reclutamiento de menores por parte de estructuras criminales se ha convertido en una preocupación creciente para las autoridades ecuatorianas en los últimos años, en paralelo al fortalecimiento de bandas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado en distintas provincias del país. La reforma busca responder directamente a ese fenómeno, endureciendo las consecuencias legales para los adultos que ven en los menores una vía para evadir sanciones más severas.
Qué sigue en el proceso legislativo
El proyecto debe todavía superar el trámite ordinario dentro de la Asamblea Nacional, que incluye los debates correspondientes en comisión y en el Pleno antes de una eventual aprobación. De concretarse, la reforma se sumaría a los esfuerzos recientes del Legislativo por endurecer el marco penal frente a delitos que involucran a menores de edad, un frente que organismos de protección a la niñez han señalado como prioritario ante el aumento de casos de instrumentalización infantil por parte de estructuras criminales.
La discusión legislativa se da en un contexto donde distintas organizaciones sociales han alertado sobre el incremento de riesgos que enfrentan niños y adolescentes en el país, tanto en el ámbito virtual como en el físico, un panorama que ha llevado a otras instancias del Estado a impulsar medidas de protección adicionales para la población infantil y adolescente. El fenómeno del reclutamiento forzado no se limita a menores: estructuras de narcotráfico ya han ofrecido hasta $100.000 a pescadores de Manabí para que zarpen con droga hacia altamar, una muestra de cómo estas redes captan a poblaciones vulnerables con distintos perfiles de edad y oficio.
Un vacío legal que la reforma busca cerrar
Actualmente, cuando un adulto utiliza a un menor para cometer un delito, las sanciones tienden a concentrarse en el propio menor bajo el régimen de responsabilidad juvenil, mientras el adulto que orquesta el reclutamiento puede enfrentar cargos considerablemente más leves que si hubiera cometido el delito directamente. La reforma en discusión busca revertir esa lógica, equiparando o incluso superando la severidad de la pena para el adulto reclutador respecto a la que enfrentaría por el delito subyacente, bajo el argumento de que instrumentalizar a un menor constituye un agravante, no una vía de escape legal. Organizaciones de protección a la niñez han insistido en que endurecer estas penas debe acompañarse de programas de prevención en las comunidades más expuestas, para evitar que los menores sean captados en primer lugar por estas estructuras criminales.
Fuente informativa: Ecuadoradio — Reclutar a niños para cometer delitos será sancionado con hasta 26 años de prisión en Ecuador.
