- El jurista advierte sobre el uso político de organismos de control y la justicia en el país.
- Señala la fragilidad de la división de poderes frente a presiones del Ejecutivo y el Legislativo.
- Cuestiona la falta de transparencia en concursos para designar magistrados y fiscales.
- Llama a la sociedad civil a defender la institucionalidad de cara al proceso electoral 2026.
El jurista y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), Mauricio Alarcón, formuló una severa advertencia sobre el progresivo debilitamiento del estado de derecho en el país, señalando que la democracia ecuatoriana atraviesa una etapa de alta vulnerabilidad caracterizada por la captura política de las entidades de control y el descrédito de los tribunales de justicia.
Durante una entrevista radial, Alarcón sostuvo que la falta de contrapesos efectivos y la confrontación permanente entre las funciones del Estado socavan la confianza de la ciudadanía en las elecciones venideras, facilitando el avance de prácticas clientelares y la concentración indebida del poder público.
Diagnóstico institucional y riesgos sobre la división de poderes
En su análisis coyuntural, el jurista Mauricio Alarcón advirtió sobre el deterioro progresivo de los contrapesos democráticos en el país, manifestado en constantes pugnas de competencias entre el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y los organismos de la Función Judicial. ‘Cuando las instituciones públicas pierden su independencia técnica y se transforman en escenarios de confrontación partidista estéril, la confianza de la ciudadanía en la democracia se resquebraja de manera irreversible’, aseveró el director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
Alarcón puntualizó que los intentos recurrentes por politizar las designaciones de autoridades de control mediante fallos constitucionales a la medida distorsionan la seguridad jurídica que demandan los ciudadanos y los inversionistas extranjeros para generar empleo formal y crecimiento productivo.
Propuestas de reforma ética y fortalecimiento del Estado de derecho
El especialista planteó la necesidad de implementar reformas urgentes a los mecanismos de selección de jueces y fiscales, garantizando concursos públicos de méritos blindados contra injerencias políticas. Asimismo, hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil y a la academia para ejercer una vigilancia ciudadana activa sobre el destino de los fondos públicos y el cumplimiento de las normativas de transparencia y rendición de cuentas.
Participación ciudadana y vigilancia electoral independiente
Mauricio Alarcón enfatizó que el fortalecimiento democrático exige una ciudadanía informada, crítica y participativa que no delegue exclusivamente el control social en las cúpulas partidistas tradicionales.
El jurista subrayó que las misiones de observación electoral nacional e internacional deben contar con plenas garantías para auditar los padrones electorales, los sistemas de transmisión de resultados y el financiamiento de las campañas proselitistas, evitando la infiltración de recursos ilícitos en la política ecuatoriana.
De acuerdo con los índices globales de integridad elaborados por Transparency International, la opacidad en la selección de jueces de cortes provinciales y nacionales debilita la capacidad de sancionar la corrupción administrativa y el crimen organizado incrustado en el aparato estatal.
El especialista alertó que la constante instrumentalización de juicios políticos en el Parlamento desvía la atención sobre los problemas estructurales de desempleo, inseguridad ciudadana y crisis energética que aquejan cotidianamente a las familias ecuatorianas.
La Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos estipula que la independencia de la función judicial y la probidad de los servidores públicos constituyen condiciones indispensables para el ejercicio pleno de la soberanía popular.
Esta preocupación cívica coincide con sucesos recientes en el Legislativo donde las tensiones políticas evidenciadas cuando el Consejo de la Judicatura vuelve a excusarse en reiteradas convocatorias de fiscalización ciudadana.
Alarcón concluyó haciendo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, las universidades y los gremios profesionales a no claudicar en la vigilancia activa de los concursos de méritos y oposición en el sector público.
