- Los vocales del Consejo de la Judicatura no comparecieron ante la Comisión de Fiscalización.
- El organismo justificó su ausencia argumentando compromisos de agenda institucional ineludibles.
- Legisladores del correísmo y bancadas de oposición advierten con iniciar juicio político directo.
- La sesión buscaba examinar denuncias sobre concursos de jueces y sanciones disciplinarias.
Por segunda ocasión consecutiva, las máximas autoridades del Consejo de la Judicatura remitieron una carta de excusa formal para justificar su inasistencia a la convocatoria de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La mesa legislativa tenía previsto interrogar a los vocales sobre presuntas irregularidades en el concurso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia y el trámite de expedientes disciplinarios contra magistrados provinciales.
La misiva oficial, suscrita por el presidente del órgano rector de la función judicial, argumentó la coincidencia de sesiones plenarias extraordinarias y visitas técnicas territoriales que impidieron su traslado al Palacio Legislativo en Quito. Sin embargo, la explicación fue calificada como una falta de respeto al control político por parte de los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) y legisladores independientes.
Debate parlamentario y advertencias de juicio político
La presidenta de la Comisión de Fiscalización levantó la sesión tras constatar las sillas vacías de los funcionarios convocados, recordando que la Ley Orgánica de la Función Legislativa sanciona el desacato y la negativa injustificada a comparecer ante los órganos parlamentarios. Documentos y normativas publicadas por la Asamblea Nacional del Ecuador establecen que los titulares de organismos de control están obligados a rendir cuentas sobre el ejercicio de sus facultades administrativas.
El bloque de oposición anunció que unificará las solicitudes de interpelación para activar un juicio político formal por presunto incumplimiento de funciones, acusando al Consejo de la Judicatura de dilatar deliberadamente las investigaciones sobre suspensiones a fiscales y jueces en casos de alta conmoción social vinculados a delincuencia organizada y corrupción administrativa.
Crisis institucional en el sistema de administración de justicia
La tensión entre el Legislativo y la Judicatura ocurre en un momento crítico para la credibilidad del aparato judicial, vigilado de cerca por la Fiscalía General del Estado en diversas causas por tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Sectores jurídicos y colegios de abogados han reclamado mayor transparencia y celeridad para recuperar la confianza ciudadana en los tribunales.
Esta disputa política se desarrolla de forma paralela a los debates sobre el calendario electoral y la garantía de derechos ciudadanos, tal como se abordó en la resolución donde la Cancillería confirma que ecuatorianos en Cuba y Venezuela no votarán en 2026 para explicar los motivos logísticos y diplomáticos que impiden desplegar recintos de votación en dichas naciones.
Los integrantes de la mesa fiscalizadora otorgaron un plazo improrrogable de 72 horas para que las autoridades judiciales remitan los informes documentales solicitados, advirtiendo que de persistir la omisión remitirán el expediente completo al Pleno legislativo para censura y destitución.
Legisladores de diversos bloques políticos coincidieron en que la negativa a rendir cuentas erosiona la institucionalidad democrática y alimenta sospechas sobre presiones políticas en las altas cortes de justicia. La Comisión de Fiscalización advirtió que no permitirá que las autoridades eludan sus responsabilidades de control político.
El debate parlamentario continuará en las próximas sesiones con la comparecencia de delegados de colegios de abogados y veedurías ciudadanas que han monitoreado los concursos judiciales en todo el territorio ecuatoriano.
