- El exconsejero del CPCCS compareció como testigo en el juicio penal contra el alcalde del cantón Pujilí.
- El tribunal penal de Cotopaxi ordenó su detención inmediata tras contradicciones en su testimonio juramentado.
- Guarderas fue trasladado bajo resguardo a la unidad de aseguramiento transitorio para la respectiva audiencia.
- El hecho ocurre en momentos en que el exfuncionario figura como precandidato a la Alcaldía de Quito por la ID.
El activista político y exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas, fue puesto bajo estricta custodia policial este fin de semana en la ciudad de Latacunga tras ser señalado por la presunta comisión del delito de perjurio durante una audiencia de juzgamiento. La orden judicial fue emitida de manera flagrante por los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Cotopaxi, luego de detectar severas inconsistencias y contradicciones materiales entre sus declaraciones orales bajo juramento y los informes documentales previamente suscritos por el propio investigado.
Guarderas había comparecido en calidad de testigo dentro del proceso judicial conocido como caso Ornato Municipal, en el cual se juzgan presuntas anomalías en contrataciones públicas que involucran al actual alcalde de Pujilí, José Arroyo Cabrera. De acuerdo con el procedimiento establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuando un testigo incurre en testimonios manifiestamente falsos o reticentes frente al tribunal juzgador, la judicatura tiene la atribución legal de suspender su comparecencia y ordenar su inmediata aprehensión para dar paso a la respectiva investigación de la Fiscalía General del Estado.
Procedimiento judicial en Cotopaxi y postura de la defensa
Tras la disposición de los magistrados, efectivos de la Policía Nacional procedieron a trasladar al exconsejero hasta las dependencias de la Unidad de Aseguramiento Transitorio de Latacunga, donde permanece a la espera de la instalación de la audiencia de calificación de flagrancia. En dicha diligencia, un juez de garantías penales deberá resolver si dicta medidas cautelares privativas de libertad o si le concede medidas sustitutivas, tales como la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial competente.
El equipo jurídico de Guarderas rechazó enérgicamente la resolución del tribunal, catalogando la orden de retención como una interpretación desproporcionada que vulnera las garantías básicas del debido proceso. La defensa técnica sostuvo que no existió una intención deliberada de engañar a los jueces, sino una discrepancia interpretativa respecto al alcance de actuaciones administrativas pasadas ejecutadas cuando integraba el CPCCS, anticipando la presentación de un recurso de habeas corpus ante el Consejo de la Judicatura.
Impacto en el escenario político y las candidaturas locales
La aprehensión del exconsejero ha provocado un notable impacto en la arena política nacional, debido a que Guarderas venía perfilándose activamente como una de las opciones preelectorales de la Izquierda Democrática (ID) para disputar la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito en los próximos comicios seccionales. Dirigentes provinciales de la agrupación partidista indicaron que mantendrán una reunión extraordinaria de su buró directivo para evaluar el estado procesal del postulante y determinar si su precandidatura se mantiene viable o si deberán designar un reemplazo antes del cierre definitivo de inscripciones.
El rigor en las resoluciones judiciales se enmarca en un contexto de estricta vigilancia sobre los actos de las autoridades y operadores públicos, como se refleja también en los dictámenes institucionales de mayor jerarquía, entre ellos cuando la Corte Constitucional dictaminó que la Asamblea debe aprobar el acuerdo con Estados Unidos, garantizando la supremacía de la ley en todos los fueros del Estado. Las próximas horas resultarán decisivas para definir la situación procesal y el futuro político inmediato del exfuncionario.
La ciudadanía y los observadores electorales siguen con atención el desenvolvimiento de este caso, el cual pone de relieve las complejas conexiones entre los procesos judiciales por presunta corrupción municipal y las pugnas de poder en los entes de control y transparencia de la República del Ecuador.
