- El Ejecutivo remitió expedientes sobre más de 300 contratos adjudicados bajo la modalidad de ínfima cuantía.
- El monto acumulado de los procesos cuestionados supera los 10,5 millones de dólares en la provincia.
- Las sospechas recaen sobre adjudicaciones directas vinculadas al exviceprefecto provincial Alexandro Tonello.
- El organismo de control fiscal iniciará exámenes especiales para determinar eventuales responsabilidades penales.
El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció este 29 de octubre la remisión formal de una voluminosa carpeta investigativa ante la Contraloría General del Estado, denunciando presuntas anomalías en la contratación pública ejecutada en la Prefectura de Pichincha. Según los informes técnicos elaborados por los equipos de control gubernamental, se habrían fraccionado contratos de obras y consultorías por un valor superior a los 10,5 millones de dólares para eludir los procedimientos de licitación abierta estipulados en la legislación ecuatoriana.
Detalles de las denuncias en la Prefectura de Pichincha
El mandatario precisó que la investigación institucional detectó más de 300 contratos públicos suscritos bajo la figura de ínfima cuantía, distribuidos deliberadamente en montos reducidos para operar por debajo del radar de fiscalización del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Los procesos bajo sospecha habrían beneficiado de forma recurrente a un círculo cerrado de empresas proveedoras y personas naturales presuntamente vinculadas al exviceprefecto Alexandro Tonello, quien renunció a su cargo a inicios de mes para formalizar su candidatura política a la prefectura.
En el documento presentado ante la Contraloría General del Estado, el Ejecutivo solicita la apertura inmediata de exámenes especiales de auditoría forense para auditar los desembolsos realizados entre los años 2023 y 2026. Entre las irregularidades preliminares detectadas constan pagos duplicados por mantenimiento vial, adquisición de insumos agrícolas con sobreprecio y contratos de servicios de comunicación institucional que no cuentan con los respaldos de ejecución física correspondientes.
Reacciones políticas y marco normativo de contratación
La denuncia presidencial se produce en un clima de alta tensión institucional y fiscalizaciones cruzadas entre las autoridades del régimen y los gobiernos autónomos descentralizados liderados por la Revolución Ciudadana. Las acciones estatales contra posibles desvíos y tramas ilícitas se desarrollan de forma paralela en el ámbito penal y judicial, reflejando el rigor con el que las autoridades actúan, tal como cuando el Ministro John Reimberg destaca extradición de Daniel Salcedo y alias Churrón ratificando que no existirá impunidad ante actos de corrupción pública.
Por su parte, representantes de la Prefectura de Pichincha rechazaron tajantemente las acusaciones gubernamentales, calificándolas de maniobra política orientada a perjudicar a los cuadros de oposición de cara a los comicios provinciales. Portavoces de la entidad provincial aseguraron que todos los procesos contractuales cumplieron estrictamente con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y contaron con la validación de los departamentos jurídicos y de compras públicas correspondientes, ofreciendo total apertura para que los auditores revisen los archivos.
El papel del Sercop y auditorías complementarias
Especialistas en derecho administrativo y compras estatales recuerdan que el fraccionamiento deliberado de contratos constituye una falta grave sancionada por la ley, y que en caso de comprobarse perjuicio económico al erario público puede derivar en indicios de responsabilidad penal por peculado o tráfico de influencias. El Sercop anunció que activará supervisiones de oficio sobre el catálogo de proveedores habilitados en la provincia para verificar si existió colusión o triangulación societaria.
La Contraloría tiene previsto asignar un equipo de auditores multidisciplinarios para cotejar las firmas de responsabilidad, actas de entrega-recepción y estados de cuenta bancarios en las direcciones financieras de la Prefectura de Pichincha. Los resultados de los informes de auditoría serán remitidos a la Fiscalía General del Estado en caso de hallarse irregularidades dolosas, marcando un nuevo capítulo en la disputa por la transparencia en la administración de los recursos provinciales.
Fiscalización institucional y alcances del examen de auditoría
El marco normativo de control fiscal faculta a la Contraloría a revisar la totalidad de las órdenes de pago, comprobantes de retención y certificaciones presupuestarias suscritas en la provincia durante el periodo auditado. Funcionarios de control explicaron que las investigaciones sobre presuntas anomalías en la Prefectura de Pichincha buscan transparentar el uso de los fondos públicos provinciales y determinar si las adjudicaciones directas cumplieron con las disposiciones de austeridad y concurrencia plural que exige el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
De comprobarse irregularidades en la ejecución de los proyectos viales y comunitarios, el órgano de control emitirá las sanciones administrativas y glosas económicas correspondientes, derivando los expedientes con indicios de responsabilidad penal a las autoridades judiciales competentes para precautelar los recursos de los contribuyentes pichinchanos.
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