- El exfuncionario Eduardo Lascano acumula cuestionamientos tras ser mencionado en testimonios del caso Metástasis.
- Mayra Salazar lo señaló como el presunto contacto identificado bajo el seudónimo de ‘Barbón Chiquito’.
- Su posterior designación en áreas estratégicas de Celec EP reabrió el debate sobre filtros éticos estatales.
- Lascano rechaza de forma categórica las acusaciones y sostiene la legalidad de todas sus actuaciones públicas.
La trayectoria profesional de Eduardo Lascano en instituciones del Estado ecuatoriano ha vuelto al centro del escrutinio político y judicial este 7 de octubre de 2026. Su paso por dependencias clave de la Función Judicial y su posterior vinculación a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) han quedado bajo la lupa tras ser mencionado en declaraciones del caso Metástasis y en indagaciones sobre contrataciones en el caso Progen.
Señalamientos en los chats judiciales y versión del investigado
Las alertas sobre Lascano se intensificaron a partir del testimonio anticipado rendido por la procesada Mayra Salazar, excomunicadora de la Corte de Justicia del Guayas, quien afirmó que el funcionario respondería al alias de ‘Barbón Chiquito’ en las conversaciones telefónicas atribuidas a la red del narcotraficante Leandro Norero. Salazar sostuvo que desde su posición administrativa se gestionaban trámites procesales y traslados de jueces afines a los intereses de la estructura criminal.
Frente a estos señalamientos, Lascano ha manifestado públicamente su rechazo absoluto a las imputaciones, calificándolas de infamias sin sustento documental. El exfuncionario sostiene que sus labores dentro del Consejo de la Judicatura se ciñeron rigurosamente a las atribuciones normativas y que jamás mantuvo reuniones ni comunicaciones irregulares con personas procesadas por la justicia.
Transición hacia Celec EP y escrutinio en el sector eléctrico
La controversia adquirió relevancia gubernamental cuando se conoció su incorporación al área jurídica de Celec EP durante la adjudicación de contratos para la adquisición de generadores térmicos de emergencia con la empresa Progen, un proceso que también ha sido objeto de observaciones por parte de la Contraloría General del Estado y de veedurías legislativas.
Este debate sobre probidad y designación de autoridades ocurre en un momento clave de fiscalización institucional, en paralelo a procesos donde concursos públicos para altas autoridades de justicia son evaluados con rigurosidad para garantizar la independencia judicial en el país.
Exigencias de transparencia y fiscalización legislativa
Bloques parlamentarios en la Asamblea Nacional han solicitado a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y a la Fiscalía General del Estado informes detallados sobre los movimientos patrimoniales y contratos suscritos durante la gestión de Lascano. Organizaciones de lucha anticorrupción insisten en que las empresas públicas estratégicas no pueden convertirse en espacios de refugio para figuras cuestionadas por investigaciones de delincuencia organizada.
Debate sobre control estatal y procesos de contratación pública
El tratamiento del caso Lascano ha reavivado las discusiones en la Asamblea Nacional sobre la efectividad de los filtros de control patrimonial y ético en las entidades públicas estratégicas del país. Diversos asambleístas han señalado la urgencia de reformar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para inhabilitar a exfuncionarios que registren señalamientos procesales graves en expedientes penales en curso, especialmente en sectores sensibles como la generación de energía y la administración de justicia.
Por su parte, organismos de la sociedad civil y observatorios de transparencia han enfatizado que el esclarecimiento de estos hechos resulta fundamental para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. La Fiscalía General del Estado continúa recopilando elementos de convicción y testimonios periciales para determinar si existen responsabilidades penales individuales, mientras los sectores involucrados reiteran su disposición a colaborar con las investigaciones oficiales para deslindar cualquier vínculo con redes de corrupción.
Veedores ciudadanos y expertos en derecho administrativo destacan que la transparencia en el ejercicio de cargos de responsabilidad pública es un pilar insustituible para el fortalecimiento del Estado de derecho en Ecuador. Los tribunales de justicia deberán valorar con estricto apego al debido proceso los elementos probatorios para esclarecer las dudas generadas en torno a los contratos de generación eléctrica y las actuaciones judiciales investigadas.
