- Carlos Alarcón lidera provisionalmente la tabla de méritos del concurso para fiscal general con 46 puntos acumulados.
- El actual fiscal encargado sacó ventaja tras la descalificación de las juezas Daniella Camacho e Inés Maritza Romero.
- El proceso entra a su fase decisiva con 50 puntos en disputa: 30 en la prueba escrita y 20 en la audiencia oral práctica.
- Cinco candidatos continúan en liza rumbo a la designación definitiva prevista para finales de diciembre por el CPCCS.
El concurso público de méritos y oposición para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado ingresó a su tramo definitivo tras la depuración de la fase de impugnaciones ciudadanas. El actual fiscal general encargado, Carlos Alarcón Argudo, pasó a liderar provisionalmente la tabla general de calificaciones tras acumular 46 puntos en la fase de méritos, perfilándose como el aspirante con mayor puntaje consolidado luego de la exclusión formal de aspirantes de alto perfil judicial.
Antes de que la Comisión Ciudadana de Selección resolviera las objeciones populares, el escalafón de postulantes estaba encabezado por la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho Herold, y la magistrada provincial Inés Maritza Romero. No obstante, al aceptarse los informes jurídicos de impugnación en su contra, ambas magistradas quedaron descalificadas del certamen, reconfigurando por completo el mapa de favoritismos dentro del proceso que tutela el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Fase de oposición: 50 puntos clave entre examen escrito y audiencia práctica
Pese a la ventaja numérica provisional obtenida por Alarcón, el desenlace del concurso permanece abierto. De acuerdo con el reglamento oficial, aún restan 50 puntos en disputa que definirán la conformación de la terna final. Esta etapa se dividirá en dos exámenes de alta rigurosidad: la prueba escrita teórica de conocimientos, valorada sobre 30 puntos, y la audiencia oral pública de caso práctico, calificada sobre 20 puntos por catedráticos y juristas especializados.
Junto a Alarcón, únicamente cuatro profesionales del derecho lograron superar el filtro de impugnaciones y continúan en carrera: Andrea Cazar Villacís, Patricio Haro Aldean, Juan Guaño Costales y Mario Fonseca Vallejo. Este exhaustivo filtro de idoneidad ética y profesional se produjo cuando la Comisión de Selección excluyó a 21 postulantes del concurso a fiscal general en una de las sesiones más determinantes del calendario institucional.
La Fiscalía General del Estado representa la institución rectora de la acción penal pública en el Ecuador, con la responsabilidad de liderar complejas indagaciones contra el crimen organizado, narcotráfico y delitos contra la administración pública, por lo que la solvencia dogmática de los candidatos será evaluada con lupa por veedurías ciudadanas y organismos internacionales.
Los postulantes excluidos disponen de tres días hábiles para interponer sus recursos de apelación ante el Pleno del CPCCS. Una vez evacuadas las reconsideraciones legales, el cuerpo colegiado convocará a los aspirantes ratificados para rendir el examen escrito en un recinto seguro con preguntas sorteadas ante notario público.
El cronograma institucional proyecta que la posesión solemne del nuevo Fiscal General del Estado ante la Asamblea Nacional se concrete en la segunda quincena de diciembre de 2026, culminando un proceso de renovación vital para el sistema de justicia.
Organizaciones ciudadanas y colegios de abogados han instado a los comisionados a garantizar absoluta transparencia informática durante la calificación teórica, preservando la cadena de custodia de las pruebas para evitar suspicacias de favoritismos en la recta final de la selección.
La comunidad jurídica nacional sigue con atención cada resolución de la comisión técnica, considerando que quien asuma la titularidad del Ministerio Público deberá conducir investigaciones estratégicas en casos de corrupción de alto impacto nacional e internacional, preservando la independencia judicial frente a presiones partidistas.
El Pleno del Consejo de Participación reiteró que no admitirá interferencias externas ni dilatorias procesales que busquen entorpecer la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía, comprometiéndose a difundir las sesiones de deliberación en plataformas digitales abiertas a la ciudadanía.
